Columnas

Paremos la corrupción

Argumentan que no pueden meter la mano en la Administración de Justicia y que las decisiones jurisdiccionales son de competencia de los Jueces.

Las recientes declaraciones de la fiscal general del Estado denunciando la actitud de determinados jueces que en sus decisiones favorecen a la delincuencia organizada, protegiendo la corrupción, ha causado revuelo en la sociedad, al punto que el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia y el gremio de Jueces, han salido a la defensa de la independencia judicial y de que se respete el rol de los jueces. Argumentan que no pueden meter la mano en la Administración de Justicia y que las decisiones jurisdiccionales son de competencia de los Jueces.

No es la primera ocasión que lo hacen y la Universidad de Guayaquil, ya anteriormente mediante comunicados de prensa publicados con fechas 20 de septiembre y 19 de noviembre de 2019, ha denunciado el mal proceder de determinados jueces que actúan fuera de la ley, haciendo quedar mal a la investidura que ostentan y a la Función Judicial, emitiendo resoluciones con apariencia de legalidad, pero vulnerando el ordenamiento jurídico, en especial en materia constitucional, donde actúan con total indecencia, liberalidad e ilegalidad, bajo el amparo de una malhadada sentencia de la Corte Constitucional que los convierte en inimputables del delito de prevaricato, contra el principio constitucional de que todos los servidores públicos son responsables administrativa, civil y penalmente, por sus actos.

Ahora, bajo esa protección de impunidad, sin control alguno ni penalidad, se ha hecho un ‘modus operandi’ programado y auspiciado por abogados de reputación cuestionada, accionar irregular y defensores de casos de dudosa legalidad, asociados para explotar los recursos de todas las instituciones públicas y entre ellas, los de la Universidad de Guayaquil, ganando todas las demandas contra el Estado y las instituciones públicas, mediante las acciones constitucionales y recursos de protección, así no procedan por mandato expreso de la ley; y se está administrando la función pública a gusto y sabor de los accionantes y abogados, que cuentan con apoyos de ciertos malos elementos que sí denigran la administración de justicia.