Columnas

No a la mediocridad educativa

Dentro de ellos el magisterio y los operadores de justicia, así como los miembros de la función jurisdiccional, incluyendo los jueces y notarios.

Los que antes hacían apología de la violencia y la practicaban con bombas incendiarias, palos, piedras, tumultos subversivos, ahora “son apóstoles del pacifismo” y defensores de la democracia, autonomía y cogobierno, aunque todavía se valen de tontos útiles y tontos inútiles que los hay por montones, contratando a mercenarios para que hagan el trabajado sucio de insultar, hacer bulto en manifestaciones, pegar carteles dentro de ciudades, carreteras u otras provincias, y hasta para poner bombas. Los calumniadores de siempre y destructores de honras ajenas, ahora se rasgan las vestiduras cuando se les dice las verdades.

Quiénes mantuvieron secuestrada la educación primaria, secundaria y superior, sumiéndola en la mediocridad y el caos, ahora demandan el cogobierno universitario que prostituyeron, la democracia que nunca practicaron y la autonomía para gobernar en su provecho, repartiéndose las cuotas de poder político.

Las fuerzas negativas que representan las horas más oscuras de la educación, se niegan a morir y temen a la luz que anuncia un nuevo sistema educativo de excelencia y progreso. Hay que cerrar el paso a esos proyectos o planes de estandarización de la mediocridad y de fomentar la proletización de las funciones públicas, entre ellas la educación, promoviéndola a sus compañeritos sin que cumplan los requisitos elementales para ser docentes, su evaluación y promoción.

Hay intensión de eliminar el Sistema Nacional de Evaluación para los docentes, dentro de las reformas la Ley Orgánica de Educación Intercultural, lo cual sería nefasto para el Sistema Educativo Nacional, un retroceso a la calidad y el fomento a la mediocridad, inoperancia y falta de respeto al derecho como norma jurídica.

Todos los funcionarios públicos, sean cuales fueren sus funciones o cargos, deber someterse al proceso de evaluación y control. Solo así se podrá garantizar la calidad y pertinencia de los procesos de gestión. Dentro de ellos el magisterio y los operadores de justicia, así como los miembros de la función jurisdiccional, incluyendo los jueces y notarios.