Ahora resulta que los ecuatorianos debemos ir caminando de puntillas, como pisando huevos, porque los jueces están trabajando. ¡Shhh! Cuidado se les quite su sacrosanta concentración. Cuidado vaya a importunárseles con opiniones sobre el caso que les ocupa, se van a sentir intimidados, invadidos, indebidamente influidos, acosados. Y van a publicar un comunicado quejándose por la presión mediática. ¿Quién quiere eso?

Resulta que un juez, Eduardo Ordeñana Romero, presidente de la Corte Provincial del Guayas, nada menos, decide otorgar medidas sustitutivas al prefecto provincial acusado de corrupción y tráfico de influencias Carlos Luis Morales: en lugar de conceder la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, lo manda para su casa con un mecanismo de vigilancia electrónica en el tobillo. Su argumento (indiscutible en sí mismo) es que la prisión preventiva es una medida excepcional.

Esta decisión, sin embargo, abre la posibilidad de que Morales, quien ya se escabulló de la Policía la noche de su captura, termine dándose a la fuga lo mismo que tantos portadores de grillete electrónico antes que él, lo mismo que algunos de sus presuntos cómplices, entre ellos los hijos de su esposa. Más aún: esta decisión devuelve a Morales al cargo de responsabilidad política desde el cual, presuntamente, cometió los delitos que se le imputan; abre la posibilidad, por tanto, de que el todavía prefecto del Guayas, en caso de ser culpable, desaparezca las pruebas que lo comprometen o, peor aún, vuelva a delinquir. ¿No son suficientes criterios de excepcionalidad para aplicar la prisión preventiva?

Que la fiscal Diana Salazar decidiera ejercer su derecho al pataleo parece apenas una consecuencia lógica de semejante barbaridad. Que la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces le respondiera con un furibundo y mal escrito comunicado acusándola de ejercer presión mediática sobre la Función Judicial es, simplemente, una desproporción. Ya la penosa redacción del texto, que lo vuelve incomprensible en cierto punto, pone en duda las capacidades de los remitentes para entender los rudimentos de la comunicación. Pero el argumento central, según el cual criticar una decisión judicial es ejercer presión mediática con el fin de coartar la independencia de los jueces (así dicen), termina por completar el panorama.

En una cosa podemos estar de acuerdo: la administración de justicia es la más elevada y sensible de las funciones públicas. Precisamente por eso, por su sensibilidad, las decisiones judiciales generan ruido en el debate público. Y precisamente por eso, por el ruido inevitable, los ciudadanos abrazamos la razonable expectativa de contar con jueces con suficiente carácter y firmeza como para situarse por encima del debate público y de cualquier presión mediática. ¿No tiene la fiscal el derecho, más aún, la obligación de generar debate público sobre la administración de justicia, especialmente cuando esta es pródiga en decisiones tan abstrusas como la del juez Ordeñana, de la cual la Asociación de Jueces no ha dicho ni pío? ¿No lo pueden soportar los jueces? ¿Se sienten acosados? Cambien de oficio.

El país vive una crisis ética. En esas circunstancias, lo que se necesita es, precisamente, más debate sobre la justicia. Hay un abismo entre generar debate público y enviar, como hacía Alexis Mera, disposiciones secretas a los tribunales. Entre criticarlos y utilizar el error inexcusable para perseguirlos e influir en sus decisiones. Cabe suponer que la Asociación de Jueces, que tan sensible tiene la piel frente al debate, supo en su momento rebelarse abierta y valientemente ante la intromisión. ¿Lo hizo?