Leonidas Iza debería estar preso por el delito que se le imputa: paralización de servicio público. El presidente de la Conaie ha hecho (de forma pública y notoria) todos los méritos posibles para no merecer la medida sustitutiva a la prisión preventiva que le concedió una jueza de Latacunga en los primeros días del paro nacional. Se sabe que la prisión preventiva es una medida de ‘ultima ratio’, es decir: es una condición que, por implicar el uso de la fuerza, solo puede ser utilizada por el Estado como último recurso para proteger bienes jurídicos (en este caso, el normal funcionamiento de las vías de comunicación), cuando otros recursos han resultado insuficientes. Y ese, precisamente, parece ser el caso de Leonidas Iza: la medida sustitutiva otorgada (prohibición de salida del país y presentación periódica ante un juez) es insuficiente para evitar que continúe delinquiendo. De hecho, no ha parado de hacerlo un solo día desde que salió en libertad. Más aún: él mismo lo ha confesado.

“Hemos decidido”, anunció el presidente de la Conaie ante una multitud congregada en los terrenos de la Universidad Central de Quito, el pasado sábado 25 de junio: “Es verdad que las ciudades se están quedando desabastecidas. Por lo tanto, que se aperturen las vías, la parte que corresponde, para corredores humanitarios, así se llaman ¿no es cierto?, para que los productos que están en el campo puedan trasladar a la ciudad de Quito”. Con estas palabras, Leonidas Iza admite varias cosas: primero, que existe desabastecimiento en las ciudades; segundo, que la causa de ese desabastecimiento es el bloqueo de las carreteras; tercero, que el bloqueo de las carreteras depende de él: es él quien puede levantarlo o mantenerlo, todo depende de una orden suya. Acostumbrado a delinquir impunemente en-vivo-y-en-directo, como se dice en el argot televisivo, Iza despachó esta confesión ante las cámaras de varios medios comunitarios que transmitían su discurso para las plataformas de ‘streaming’. Y no fue la única vez. En otras intervenciones públicas y ruedas de prensa ha repetido lo mismo. El fiscal que lleva su causa ante la justicia debe estar frotándose las manos.

Recapitulando, el caso de Iza pinta así: la Policía lo detiene en flagrancia y lo lleva ante una jueza; la jueza le formula cargos por paralización de servicio público y le impone medidas sustitutivas para que pueda defenderse en libertad; desde entonces, Iza ha continuado paralizando servicios públicos a diario, abiertamente y jactándose de ello. ¿Qué esperan para detenerlo? ¿Por qué incomprensible motivo los ciudadanos de este país no merecemos que las autoridades nos protejan de este reincidente? ¿Qué clase de corona tiene?

Es cierto que los estándares internacionales de derechos humanos recomiendan una razonable tolerancia frente al bloqueo de vías durante las protestas. Pero esa tolerancia debe ser eso: razonable. Y la última gracia de Leonidas Iza consistió en mantener a los hospitales de Cuenca al borde del colapso por falta de tanques de oxígeno hasta que una orden suya, impartida la noche del martes, permitió el paso de los camiones a último minuto antes del desabastecimiento total. Lo cual no tiene nada de razonable. Más aún: es un crimen. El señor Iza no está bloqueando la Avenida Universitaria y causando un trancón de viernes por la tarde: está jugando con la salud y con la vida de los ecuatorianos. ¿Va a seguir el Estado manteniéndonos en la indefensión?