La búsqueda del criterio “sin placas” en el Twitter arroja resultados muy instructivos. Ante los ojos del internauta se despliegan centenares de mensajes de todo el ámbito latinoamericano pero provenientes, en su abrumadora mayoría, de dos lugares: un primer grupo de tuits se origina en el área comprendida entre El Salvador y el norte de México; el segundo, no menos numeroso, corresponde a un territorio mucho más pequeño: la República del Ecuador.

En ambos casos se trata casi siempre de denuncias ciudadanas acompañadas con fotos de los vehículos infractores. Pero hay una significativa diferencia: mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños atribuyen la propiedad del auto sin placas (a veces de lujo, a veces ruinoso y descachalandrado) a narcos y delincuentes comunes; en el Ecuador, en cambio, donde todos los autos fotografiados, sin excepción, son de lujo, se señala automáticamente a los funcionarios públicos como responsables de la infracción. Queda claro: en el primer caso, la informalidad proviene de los que se encuentran fuera de la ley; en el segundo, la informalidad es el privilegio de quienes debieran hacerla cumplir y dar ejemplo.

¿Qué hace un agente de tránsito si se cruza en una calle de cualquier ciudad del Ecuador con un todoterreno de 120 mil dólares, sin placas y con los vidrios polarizados, como aquel a bordo del cual llegó Jorge Yunda a la Alcaldía de Quito? Nada. ¿Qué va a hacer? Se supone que debería detenerlo (eso dice la ley) y conducirlo a un patio de la Policía donde permanezca el auto hasta que su propietario se presente con las dos placas para instalárselas. Pero no, eso no ocurre nunca. Cualquier agente con dos dedos de frente sabe que si detiene a un carro de esas características puede meterse en problemas. O por lo menos toparse con alguien que le haga pasar un mal momento. Alguien que le diga: “¿No sabes quién soy yooo?”. Así que, aunque el auto de marras se cruce una luz roja y atropelle a una ancianita (especialmente si se cruza una luz roja y atropella a una ancianita), lo mejor es dejarlo seguir su camino.

14 años de gobierno de Alianza PAIS multiplicaron el parque automotor del Estado ecuatoriano a niveles de califato petrolero. O de narcoestado. 35 mil vehículos llegó a tener en 2014, cinco mil más que la tercera economía del mundo, el Japón, de 130 millones de habitantes. 35 mil vehículos, casi todos sin placas, ocupados por funcionarios con licencia para pasarse por el forro la Ley de Tránsito. Una paradoja mayúscula, tratándose de un proyecto político que dizque privilegiaba lo público por sobre lo privado. Porque ¿cuál es la manifestación más básica de lo público? Elemental: la convivencia en el espacio de todos; las leyes de tránsito, pues. El funcionario correísta era un tipo que se pasaba el peaje sin pagar en su todoterreno sin placas, se estacionaba sobre la vereda del restaurante al que iba a almorzar un sábado con gasolina pagada por el contribuyente y pretendía que le confiemos la negociación de la Refinería del Pacífico o lo que fuera. Como que no, ¿verdad?

Uno de los últimos desaguisados de la deplorable Asamblea que acaba de retirarse es una Ley de Tránsito más permisiva con respecto al tema de las placas: ya no pierde puntos en la licencia quien no las tenga puestas en su vehículo. Y uno de los primeros correctivos del nuevo gobierno es un decreto presidencial que impone el uso de las placas como conducta ética básica de todo funcionario. Son criterios elementales sobre el concepto de lo público. Es curioso comprobar quién, a la hora del té, es mayor defensor de lo privado.