El secuestro que vive la sociedad ecuatoriana no es solo emocional y mental sino también político. Hoy se inician los diálogos entre el Gobierno y la dirigencia indígena con mediación de la Iglesia, y el país entero (incluyendo al Gobierno y a la Iglesia) parece tener claro que uno de los temas que de manera inevitable estará sobre la mesa es la impunidad de los líderes que bloquearon el país, aterrorizaron a los ciudadanos, destruyeron bienes públicos y privados, contaminaron el agua de Ambato, desabastecieron los hospitales de Cuenca, entraron a saco en la ciudad de Puyo, activaron guerrillas urbanas y grupos paramilitares de personas armadas y peligrosas que dispararon contra la Policía y mataron a un sargento del Ejército. Claro que no dicen impunidad, así solo hablan los fachos y los racistas: para todos los efectos prácticos, las personas empáticas utilizan el eufemismo “no judicialización”, que coloca la impunidad en el terreno donde la quieren: el de las decisiones administrativas. Los ciudadanos que valoran su democracia, por supuesto (iba a escribir “los ciudadanos de bien” pero el concepto, así pintan las cosas, está desprestigiado), cruzan los dedos para que el Gobierno, por una puñetera vez en su miserable existencia, se ponga firme. Ojalá.

Lo que nadie en el país espera que se discuta en esas mesas, ni los ciudadanos de bien o como haya que llamarlos ahora, ni la Iglesia ni mucho menos el Gobierno, nadie, es lo más elemental. Al pacto que firmaron el Gobierno y la dirigencia indígena para dar por terminado el paro nacional lo llamaron “acuerdo de paz”; el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, habló incluso de avanzar “directo hacia la historia” y toda esa basura retórica que le encanta; pero ni a él ni al presidente ni al convidado del piedra del secretario general de administración ni a nadie en el Gobierno (al ministro del Interior seguramente sí, pero a ese lo tienen callado para no incordiar a los empáticos) se le ha ocurrido siquiera que cualquier acuerdo de paz y cualquier intento por avanzar directo hacia la historia, lo que sea que eso signifique, requiere deponer las armas. Por lo que se sabe o se puede suponer, pues nadie ha dicho una palabra al respecto, las guardias paramilitares de Marlon Vargas y Severino Sharupi que atacaron convoyes militares y saquearon Puyo, así como las guerrillas urbanas de los mariateguistas o quienes fuesen, las conservarán y hasta las incrementarán. Y se seguirán preparando para la guerra. ¿Alguien lo duda?

El líder de la Conaie, Leonidas Iza, se inventó una mentira y la repitió hasta el hartazgo: “no somos violentos”. Él, que escribió todo un libro para reivindicar la “violencia sagrada” de las masas (o que lo firmó, porque ese señor no tiene el lenguaje suficiente para escribir nada; da lo mismo). Para mantener esa mentira pese a todas la evidencias en contra, echó a rodar una coartada: los violentos son los infiltrados. Sobre esa mentira doble se construye, hasta el momento, el acuerdo de paz que enorgullece al presidente. ¿Cuánto puede durar un acuerdo que se edifica sobre la mentira? Lo que un suspiro. Todavía tiene Guillermo Lasso 90 días para enmendar y decidir si lo que quiere legar como herencia a los ecuatorianos es la indefensión. Y una guerrilla.