La dosis diaria de jarabe constitucional

Los abogados constitucionalistas son las nuevas estrellitas de Navidad del debate público en la República del Ecuador. Algunos de ellos lo disfrutan visiblemente, esa sensación de encontrarse en la cresta de la ola los hace vibrar. Pero hasta los más vanidosos (y los hay: atienden a las entrevistas con la actitud petulante de quien se siente imprescindible por conocer todas las respuestas), hasta ellos saben, en el fondo, que hay algo profundamente retorcido en esta permanente necesidad de consultarlos, que parece agazaparse a cada momento detrás de cada tema judicial o político de la vida nacional. ¿Un juez dicta medidas cautelares? Se desata una polémica que no hay forma de zanjar en los medios de comunicación sino consultando con un constitucionalista. ¿Un político con juicios en marcha se postula como candidato? Más de lo mismo: hay que consultar de cajón con un constitucionalista. ¿La Asamblea acelera un proceso de fiscalización? No queda más remedio que volver a consultar con un constitucionalista. ¿El presidente del CPCCS devuelve una terna al remitente? En fin, mejor si son dos o tres constitucionalistas que aporten versiones opuestas y contradictorias. El periodismo busca, de esta manera, adelantarse a lo que será el fin inevitable de todos estos conflictos judiciales y políticos: la consulta de las partes a la Corte Constitucional, organismo que lleva dos o tres años desatando todos los nudos y resolviendo todos los debates en este país dado al diablo.

Sin embargo, basta con echar una ojeada a los noticieros del mundo para percibir la profunda anomalía que esto implica. ¿Acaso alguien ha visto a los constitucionalistas resolviendo los temas de la política (o diciendo cómo deben resolverse) en Colombia o Argentina, Estados Unidos o Europa? Ni siquiera en España, donde el independentismo y la novelería identitaria han puesto en duda el pacto constitucional ocurre algo parecido. ¡Ni siquiera en Perú! En Ecuador, en cambio, estamos perfectamente acostumbrados. Cómo estará de podrida la política nacional que nos parece de lo más normal encontrarnos con un promedio de tres a cinco constitucionalistas por noticiero, hablando de los temas más diversos. Ellos nos dicen con un cierto margen de confianza aquello que los políticos son incapaces de entender siquiera. Y no es normal: es insólito. Quizá se trate de un desesperado mecanismo de defensa: cuando la Asamblea Nacional se ha convertido en un reducto de analfabetos funcionales y oportunistas con el síndrome de Peter Pan, cuando el debate público roza cotas nunca vistas de falsedad y miseria moral, quizás lo más sensato sea delegárselo a los juristas. Al menos en las palabras ellos pueden mantener viva la llamita del principio de legalidad como algo deseable aunque remoto, y precautelar el terreno de la Constitución de la República como esa cancha en la que todos supuestamente hemos acordado jugar sometiéndonos a las mismas reglas.

Es porque todo el mundo está jugando por fuera de la cancha y con las reglas que le da la gana que la presencia de los constitucionalistas en el debate público se ha hecho indispensable. Así que cada día y cada noche en cada periódico y en cada noticiero, ante los ojos atónitos de una ciudadanía incapaz de comprender el concepto de consenso, se renueva la discusión sobre aquello que no debería estar en discusión: el pacto constitucional.

Los constitucionalistas son esos sabios señores que nos recuerdan a cada momento el estado de podredumbre en que nos encontramos.