Ecuador: 2,7 millones de personas tienen dificultades para acceder a alimentos, alerta la CIF

La población que tiene limitaciones para acceder a alimentos en Ecuador creció. Las personas que enfrentan una situación de crisis o emergencia de inseguridad alimentaria -dificultad para acceder a estos productos de consumo masivo- pasaron de 2,6 millones entre junio y agosto de 2024 a 2,7 millones para el período septiembre de 2024 a marzo de 2025.

Así refiere la cifra proyectada por la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), en su último informe de abril de 2026.

La última cifra equivale al 15 % de la población ecuatoriana y refleja un deterioro leve, pero sostenido. En la medición anterior representaba el 14 %, refiere la CIF, una metodología internacional que clasifica la gravedad de la inseguridad alimentaria para orientar decisiones de política pública y ayuda humanitaria.

Además, esta metodología ha sido implementada por organismos como Acción Contra el Hambre, Banco Mundial, CARE, FAO, FEWS NET, IFPRI, Organización Mundial de la Salud, Oxfam, PNUD, PMA, Save the Children y Unicef, refiere el informe.

Las fases de la inseguridad alimentaria

De ese total, alrededor de 2,5 millones de personas se encuentran en condición de Crisis alimentaria, mientras cerca de 198.000 están en Emergencia, los niveles más severos dentro de esta medición, que tiene cinco fases.

La CIF clasifica la inseguridad alimentaria aguda en cinco niveles:

En el caso de Ecuador, el informe señala que “millones de personas están en Fase 3 o superior, es decir, en crisis o emergencia alimentaria, lo que significa que requieren acción urgente para proteger vidas, medios de vida y acceso efectivo a alimentos”.

Provincias más afectadas

El informe precisa que la inseguridad alimentaria no se limita a la falta física de alimentos. El problema central es el acceso económico. 

"Muchos hogares pueden tener alimentos disponibles en el mercado, pero no cuentan con ingresos suficientes y estables para adquirir una dieta adecuada, saludable y nutritiva. Esta es una señal directa de fragilidad social, laboral y territorial", señala.

Además, precisa que la afectación no es similar para todas las provincias. En términos de severidad, Esmeraldas y Pastaza registran los niveles más altos de inseguridad alimentaria, al ubicarse en Fase 3 (Crisis).

En número de personas, el impacto se concentra en:

Factores que explican el deterioro

El informe identifica una combinación de factores económicos y sociales. Entre los principales están el incremento sostenido de los precios de los alimentos y de la canasta básica.

En marzo de 2026, por ejemplo, la canasta básica familiar se ubicó en $829,38, lo que representó un aumento del 0,63 % frente al mes anterior, según el Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Además, según la CIF, influyen el aumento del impuesto al valor agregado (IVA), la eliminación de subsidios a la gasolina, la precariedad laboral, el subempleo, la violencia, las extorsiones y la migración.

Estos factores han reducido el poder adquisitivo de los hogares y limitado su capacidad para cubrir necesidades básicas, en especial la alimentación.

La salida al problema

Ante este escenario, la CIF plantea la necesidad de fortalecer la protección social, mejorar la entrega de transferencias como el Bono de Desarrollo Humano y ejecutar un plan interinstitucional que priorice a la población más vulnerable.

Entre enero y marzo de 2026, el gobierno destinó $335 millones para el pago del Bono de Desarrollo Humano. Esta cifra es un 3,7 % mayor a la del mismo período de 2024, cuando se ubicó en $323 millones, según el Observatorio de la Política Fiscal.

Además, la CIF recomienda proteger los medios de vida, especialmente de pequeños productores, y mejorar los sistemas de información para orientar políticas públicas más efectivas. Así, según el informe. se evitará que más hogares caigan en condiciones más severas.