Descubierto con las manos en la masa o rodeado de evidencias que lo incriminan, sorprendido entre fajos de billetes durante un allanamiento a la escena del crimen, llamado a declarar ante la Fiscalía o, simplemente, interrogado por la prensa, el funcionario corrupto o sospechoso de corrupción, protagonista del escándalo, desaprovecha su última oportunidad de ejercer, cuando menos, un gesto de humildad, de sensatez y de pedagogía pública acertada. En lugar de eso, hinche su pecho de orgullo y soberbia, compone a veces una sonrisita ensayada con la que pretende situarse por encima de las acusaciones que se le endilgan, se reviste de falsa dignidad y dice: “¿Yooo?”.

Ese “¿Yooo?” es una auténtica declaración de principios. Equivale al “¿Me estás hablando a mí?” que despacha Robert De Niro en ‘Taxi Driver’ antes de sacar la pistola y cocer a balazos al atrevido. Ese “¿Yooo?” parece dormir agazapado en cada político, en cada funcionario. “Yo”: sinónimo de probidad incuestionable frente al cual el escrutinio público es un imperdonable acto de impertinencia.

La exsecretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, no es peor que otro cualquiera pero su caso, el de las siete mil cajas de alimentos con sobreprecio, fue la gota que derramó el vaso de la indignación pública. No solo por su significado simbólico (hay que ser un auténtico sacre para robar de la comida que se les da a los pobres) sino por simple acumulación: fueron dos semanas seguidas durante las cuales se descubrió un latrocinio por día. Nadie pretende que Ocles se declare culpable si no lo es (eso lo decidirán los jueces), pero resulta decepcionante, por decir lo menos, que una funcionaria con rango de ministra sea incapaz de hacerse cargo de la dimensión del escándalo que la envuelve.

Estamos hablando aquí de un concepto que las élites políticas ecuatorianas parecen haber enterrado para siempre y cuya ausencia marca la medida de su degradación moral: el concepto de responsabilidad política. Tan enterrado quedó, desde los tiempos del correísmo, que este país llegó a tener un vicepresidente preso porque la Asamblea renunció a sus atribuciones de control político hasta que se pronunciaran los jueces.

¿Alexandra Ocles es una corrupta? Probablemente no. Pero aprobó una cotización que no incluía precios unitarios; permitió que el proveedor cobrara el IVA de productos que no son gravados con ese impuesto; pasó por alto la desproporción del pago y, por último, le puso su firma a todo ese proceso. Al hacerlo, escandalizó a la población, contribuyó a menoscabar la credibilidad de la función pública, desgastó al gobierno al que le debía fidelidad y servicio. Quizá no se benefició con un centavo del sobreprecio pero su responsabilidad política en este caso es inmensa y, sobre todo, indelegable. Asumirla es lo menos que debería hacer alguien en su lugar.

Pero no. Ahí está ella, dándose golpes en el pecho, despachando su currículum a quien tenga la paciencia para oírlo, proclamando su limpieza, su vocación de servicio, su inocencia absoluta, prodigando al público explicaciones que le corresponde dárselas a los jueces. Diciendo, en suma, “¿Yooo?”, como si el escrutinio público fuera, en su caso una impertinencia imperdonable.