Roberto Aguilar | La consulta es otro simulacro
Y lo peor es que el país entero come cuento: da por buenas las razones del apuro y acepta que así mismo son las cosas.
Sorpresa para nadie: no eran los niños desnutridos los que interesaban al Gobierno; eran los casinos. Sólo los casinos. Habían planteado una pregunta compuesta para la consulta popular que la Corte Constitucional rechazó porque en realidad no era una pregunta sino tres: permitir el funcionamiento de casinos en los hoteles, cobrarles un impuesto del 25 por ciento de sus ventas brutas, financiar programas contra la desnutrición infantil. Elija, le respondió la Corte al presidente: o le interesa permitir la reapertura de casinos o crear un impuesto para financiar la lucha contra la desnutrición, pero no puede usar lo uno como pretexto para lo otro. El Gobierno no dudó ni por un segundo: los casinos. Los niños desnutridos no aparecen ni en los anexos, está claro que eran un señuelo para dotar de un toque sensiblero a lo que no es otra cosa que un proyecto de negocios; uno que corre el riesgo de ser usado para lavar dinero sucio, pero a quién le importa.
Así es como el Gobierno se ha quitado la careta en casi todas las preguntas de su consulta popular. Hay una suerte de ansiosa desesperación en esta manera de no disimular sus verdaderas intenciones. Por ejemplo, cuando plantea una pregunta para prohibir el uso del nombre, la imagen, la voz o el apoyo de cualquier persona condenada por delitos contra la administración pública y sólo le falta mencionar a Rafael Correa, ¿de quién más puede tratarse? Así, cuando la Corte rechace esta pregunta por inconstitucional, ya saldrá el presidente y dirá: ¿no les dije que estos jueces eran correístas?
No disimula el Gobierno su intención de controlar a la Corte Constitucional, de mantenerla en medio del estercolero de su campaña sucia incluso planteando preguntas inoficiosas: ¿está usted de acuerdo con que se expida una ley para regular el funcionamiento de esa Corte? Como si hiciera falta preguntar eso en lugar de, simplemente, expedirla (para eso tiene el presidente mayoría en Asamblea). Pero claro, incluir el tema en la consulta le servirá, más tarde, cuando aprueben una ley inconstitucional como todas las que hacen, para presionar a la Corte que tendrá que hacer el control respectivo.
La consulta en sí es un indisimulado simulacro en el que el Gobierno finge, por ejemplo, preocupación por la aberración institucional que representa el Consejo de Participación Ciudadana pero luego le da lo mismo si pregunta una cosa o la otra. ¿En serio quería eliminar ese organismo? Todavía puede hacerlo, enviando a su bienmandada Asamblea un proyecto de reforma parcial a la Constitución. El Ecuador político lleva años debatiendo esa posibilidad y sabe que ese es el camino. En su lugar, Noboa fingió demencia y trató de colar el tema como enmienda. No pasó, claro. Ahora da un paso atrás y propone no eliminarlo, sino quitarle competencias. ¿Por qué no recurre a su mayoría en la Asamblea y hace las cosas bien hechas? Dizque porque ya no tiene tiempo para llegar a la fecha de la consulta. Como si llegar a tiempo a la fecha de la consulta (30 de noviembre) fuera más importante que eliminar el CPCCS.
Y lo peor es que el país entero come cuento: da por buenas las razones del apuro y acepta que así mismo son las cosas.
El Gobierno es descarado porque los ecuatorianos somos burros.