Roberto Aguilar | Exceso militar o crimen de Estado
No es un caso “único y aislado”, como dicen los bien pagados irresponsables que pretenden lavarle la cara al Gobierno
Hay quien asegura que el crimen cometido contra Ismael y Josué Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, los ‘Cuatro de las Malvinas’ (el menor de 11 años, el mayor de 15), es un hecho “único y aislado en las Fuerzas Armadas”. Así se dice (qué otra cosa se podría decir) en alguno de los medios que compró el Gobierno.
Suena tranquilizador pero es mentira.
La verdad es muy distinta y ha sido documentada; la verdad es que el procedimiento del que fueron víctimas estos chicos no es un exceso de un pelotón aislado: es un patrón de comportamiento que han aplicado militares en multitud de casos. Quien no lo vea es ciego o encubridor.
A los Cuatro de las Malvinas los capturaron sin sujeción a norma alguna, atropello mucho más grave en este caso pues implica la omisión de protocolos específicos para menores de edad, como la notificación inmediata a sus padres o el obligatorio traslado del caso a la policía especializada; luego los llevaron a 40 kilómetros de sus casas, hasta el oscuro recodo de una desolada carretera secundaria, donde los torturaron y los abandonaron, desnudos y golpeados, en el exacto lugar donde, minutos más tarde, los recogieron los mafiosos que los buscaban para asesinarlos.
Olvidemos este último detalle, el más importante: el asesinato. Todo lo anterior (la captura, el traslado, la tortura y el abandono) es el procedimiento común de la inmensa mayoría de los casos de desaparición forzada denunciados en el país: alrededor de una treintena, cinco de los cuales han sido minuciosamente documentados por Amnistía Internacional. En todos ellos se repite el mismo patrón hasta en sus mínimos detalles: la camioneta blanca y la camioneta gris, la desnudez y la tortura…
No es un caso “único y aislado”, como dicen los bien pagados irresponsables que pretenden lavarle la cara al Gobierno: es lo que los militares hacen una y otra vez. En Guayas, en Esmeraldas, en Los Ríos. Ese es su método. Añádase el encubrimiento de las autoridades (en los cinco casos de Amnistía Internacional el Ministerio del Interior respondió a los reclamos de los familiares diciendo que se trataba de “información reservada”) y se completará el cuadro del crimen de Estado.
El próximo lunes la justicia tiene previsto dictar sentencia sobre este caso y establecer el grado de participación de cada uno de los 16 militares implicados. Sin embargo, quedará sin castigo, ni siquiera simbólico, el responsable político del crimen: el ministro de Defensa Gian Carlo Loffredo, que no sólo encubrió el crimen mientras pudo (callando y multiplicando pistas falsas) sino que alentó la campaña de desprestigio contra las víctimas, difundiendo la calumnia de que eran delincuentes. Y lo peor: se presentó en cadena nacional, rodeado de militares, a amenazar a la jueza que había declarado el caso como uno de desaparición forzada: despreciable pedazo de Diosdado Cabello en versión de bolsillo.
Ahí sigue Loffredo, pontificando sobre la seguridad mientras los ‘influencers’ pagados del Gobierno le lavan la cara y el presidente no se da por enterado. Daniel Noboa pasará a la historia por este caso: nada más ha hecho que importe más que este crimen. Si por lo menos echara a este ministro manchado, algún atenuante tendría. Pero es incapaz de verlo.
