El triple fraude de Quimsacocha | Por Roberto Aguilar
El informe de Etapa, que no ha sido desmentido, determina que el estudio de impacto ambiental de DPM es un grosero fraude
Las marchas contra la Corte Constitucional en Quito y Guayaquil movilizaron de ocho a diez veces menos personas que las que convocó este martes 16 de septiembre la defensa del páramo en Cuenca, una ciudad cuatro o cinco veces más pequeña. Sin sánduches, sin buses, sin lumpemproletarios contratados por pesetas: pura clase media lo bastante instruida y perspicaz como para darse cuenta de que eso de remover 14 millones de toneladas de roca y someterlas a un proceso de trituración y tratamientos que liberan arsénico (entre otros tóxicos) en esa esponja natural cruzada de acuíferos que es el páramo, fuente de la que procede el agua que 800 mil personas beben todos los días, es la estupidez más perniciosa que pudo haber parido la codicia humana.
A algunas personas de buena voluntad les preocupan los aspectos legales del problema. Dicen que la concesión minera de Quimsacocha fue otorgada antes, mucho antes de la consulta popular en la que el 80 por ciento de los azuayos se pronunciaron contra las minas en los páramos. Creen, por tanto, que impedir la explotación de Quimsacocha acarrearía demandas internacionales y terminaría generando obligaciones millonarias por concepto de indemnizaciones.
Pero no: la concesión que se otorgó a la empresa Cogema en 1991 (y que pasó de mano en mano, a través de operaciones en la bolsa de Toronto, hasta terminar a cargo de Dundee Precious Metals, DPM) era una concesión para la exploración minera: implica que el titular no tiene derechos sobre las riquezas de la mina (que pertenecen al Estado), sino meras expectativas. Su inversión es de riesgo. Era necesario, una vez terminada la fase de exploración avanzada, presentar un estudio de impacto ambiental y obtener del Estado una nueva licencia, esta vez para la explotación de la mina. Este detalle es importantísimo: si el Estado todavía tiene que dar su autorización para que la concesionaria explote la mina, claramente significa que se la puede negar por la razón que fuera. Porque no le convenció el estudio de impacto ambiental, por ejemplo. O porque hubo una consulta y la población expresó su desacuerdo.
Cuando el presidente Noboa propone que los gobiernos locales de Cuenca y Azuay emitan sus informes técnicos, decidan lo que quieren hacer y se atengan a las consecuencias (como advirtiendo que tendrán que pagar las indemnizaciones respectivas) está perpetrando un triple engaño. Primero, porque ese informe técnico que reclama ya existe: es el informe de Etapa, la empresa pública de agua potable de Cuenca. Y el informe de Etapa, que no ha sido desmentido, determina que el estudio de impacto ambiental de DPM es un grosero fraude, un bodrio, una basura. Lo demuestra. Segundo, porque las decisiones sobre el futuro de la mina no corresponden a los gobiernos locales sino al central. No se puede, como pretende el presidente, delegar competencias vía boletín de prensa. Tercero, porque quien debe asumir las consecuencias, en caso de demanda internacional, no es otro que su propio gobierno. Por una razón muy simple: fue su gobierno (y esto es infame) el que concedió a DPM, en una fecha tan reciente como junio de 2025, la licencia para arrancar la fase de explotación. A pesar del fraudulento estudio de impacto ambiental, a pesar de la consulta. Así de traicionero. Así de irresponsable. Hágase cargo.
Quimsacocha, la reserva hídrica que enfrenta a la minería y a Cuenca
Quimsacocha se ha convertido en el epicentro del debate sobre el proyecto minero Loma Larga por su papel como fuente de agua para Cuenca y sus alrededores. Aunque el Gobierno insiste en que la zona de explotación está fuera del área de recreación, colectivos sociales y autoridades locales sostienen que el proyecto amenaza al páramo que abastece a los ríos Tarqui y Yanuncay. De ahí que esta reserva hídrica sea símbolo de resistencia y movilización ciudadana.