Roberto Aguilar | Cosas que pasan con gentuza a cargo

Después de que el partido correísta ecuatoriano celebrara su convención nacional y aceptara como su presidenta a la recalcitrante y poco iluminada estalinista Gabriela Rivadeneira, impuesta a dedo por el comandante prófugo, el destino de esa secta parecía ya trazado: convertirse en un grupúsculo irreductible de extremistas del que poco a poco irían emigrando todos aquellos militantes que preservaran un ápice de sentido común, hasta vaciar por completo su potencial electoral. Tal como estaban las cosas, al correísmo no había sino que dejarlo morir por consunción, entre proclamas maduristas y tintas voladoras. Entonces vino al rescate el gobierno de Daniel Noboa, que le lanzó una boya salvadora y resucitó al moribundo.

Que el correísmo, como todos los demás partidos latinoamericanos del Grupo de Puebla, recibía desde hacía años aportes financieros de la dictadura venezolana, para sus campañas electorales y sus gastos administrativos, para la sobrevivencia de sus prófugos en el extranjero y sus desplazamientos por el mundo, era algo que nadie con dos dedos de frente y un mínimo conocimiento de la realidad política regional hubiera puesto en duda. Fue necesaria la torpeza política y la miseria moral de este gobierno para empañar esa verdad incontrastable convirtiéndola en objeto de justicia selectiva. Es como tener la razón pero perderla por la pura angurria.

Hoy, incluso el más ferviente anticorreísta, si tiene un mínimo de compromiso con la verdad y un ápice de honestidad intelectual, será incapaz de escuchar las declaraciones de Luisa González sobre el allanamiento policial del que fue víctima la madrugada de este miércoles sin reconocer que le asiste la razón en todas y cada una de sus expresiones. Y eso no tiene que ver con sus escasos méritos o los de su partido, que es una cueva de fanáticos y de rateros, no: es el resultado de haberse rodeado el Gobierno de impresentables como el fiscal Carlos Alarcón o el presidente de la Judicatura Mario Godoy y sus acólitos corruptos, para controlar con ellos el aparato de justicia.

¿Cómo no habría de tener razón Luisa González? Porque, vamos a ver: ¿dónde están los allanamientos por los casos de Progen y ATM, que implican la compra de chatarra por 140 millones de dólares para termoeléctricas que nunca entraron en servicio? ¿Por qué no han allanado los municipios de La Libertad y Santa Elena, protagonistas de escandalosos casos de despojo y tráfico de tierras? ¿Y la casa de Henry Gaybor, el director de la judicatura de Pichincha que presionó a un juez para que fallara a favor de un narcotraficante? Que él sólo cumplía instrucciones de arriba, dijo. ¿A nadie se le ocurrió confiscarle su teléfono para averiguar de quién estaba hablando? ¿O ya lo sabían y precisamente por eso no se lo confiscaron?

Si estos allanamientos tienen que ver con la investigación abierta por la autoridad electoral sobre financiamiento irregular de campaña; si el monto de ese caso asciende, como dijo Andrés Arauz, a poco más de 6 mil dólares; si todo esto no es más que una operación de distracción para evitar que el país debata lo importante… Entonces el Gobierno está a punto de estrellarse aparatosamente.

Hay que ser demasiado canalla para enfrentarse con los correístas y que la victoria moral sea de ellos.