¿Pueden conjugar siempre los derechos individuales y colectivos en el andamiaje de la globalización? Un poco más complejo: ¿existen posibilidades de que prevalezca lo justo frente a lo legal en la globalización incluso cuando los derechos particulares no están del todo lesionados? Hay sucesos muy graves que se pierden entre la turbulencia nacional. La flota pesquera china faena de forma permanente en el límite, a veces no, de las aguas jurisdiccionales de Ecuador, Chile, Argentina y Perú. Atención a la fuerza del dato: se trata de la flota china, del gigante asiático, del país más poblado del planeta, con casi 1.500 millones de habitantes, inabarcable, insaciable, infinito en hábitos gastronómicos y demandas alimentarias. No es la primera vez que la vigilancia costera captura barcos internacionales operando ilegalmente y con pesca prohibida a bordo. Tampoco es desconocida la frágil proporción entre multa y castigo por infringir la ley. Con todo, dado el contexto, la afectación y el volumen de este caso resulta casi irrelevante cruzar o no la raya. Los graves daños, se denuncia aunque aún de forma muy discreta, están en la esquilmación de los bancos pesqueros, de los fondos marinos, en la ruptura de equilibrios y en el quiebre de la cadena alimentaria entre especies; o sea, en la destrucción del ecosistema. En el sector pesquero de Galápagos, donde se concentra la flota china, hay profunda preocupación. Sorprende, indigna, el silencio ante esta amenaza de las instituciones del Estado y de sus principales autoridades, de las asociaciones y colectivos implicados en la conservación de la naturaleza. La defensa del patrimonio pesquero ecuatoriano, entre los más ricos del mundo, es una obligación ineludible y permanente del Gobierno, de la Asamblea y de la institucionalidad al completo. Se trata de cerrar filas con pronunciamientos permanentes para que cunda la alarma y prenda la conciencia en las esferas internacionales con capacidad de decisión. Vale el ejemplo de los agricultores europeos: la Comisión acabará cediendo a sus demandas de limitar ciertas amenazas de la producción extranjera con penetración en los mercados de la Unión que, aunque legal, es injusta. ¿Podría replicarse el ruido y el esfuerzo realizado en defensa del Yasuní con los ecosistemas marinos nacionales? El fin máximo de la política es la defensa del bien común. Quien no sabe defender lo suyo está condenado a autoextinguirse.