Las libertades se toman muy en serio en EE. UU. El “discurso de odio” (‘hate speech’) que está prohibido y penado en la mayoría de las democracias liberales, allá está permitido, bajo la égida de la libertad de expresión -salvo el caso de que genere violencia inminente- y así lo ha reiterado la Corte Suprema. Las ideas contrarias que se enfrentan en un argumento, por odiosas que sean, suelen llegar a provocar un necesario debate que puede ser positivo. En todo caso, la ley debe encargarse de establecer los límites para aquella libertad (como para todas las demás).

La Ley de Decencia en las Comunicaciones (EE. UU. 1996) y su sección 230 establece básicamente que ningún proveedor de servicio interactivo podrá ser tratado como el autor de cualquier información publicada en su plataforma, que provenga de otra persona. Aquello implica, en buen romance, que Twitter, Facebook, Instagram y las demás resultan inmunes por el contenido que sus usuarios publiquen. Y añade la ley que las compañías privadas que provean estos servicios tienen derecho a remover el contenido que viole sus políticas o protocolos. En otras palabras, Twitter tenía derecho a cancelar la cuenta de Donald Trump al considerar que con ella podía incitar a la violencia.

No obstante, la sección 230 de la ley fue expedida cuando internet no era lo que es hoy, y muchos arguyen que es necesario que sea revisada porque, entre otras cosas, incentiva la desinformación.

Pero esa ley fue suficiente para que se cancelaran las cuentas de Trump (o se prohibiera su acceso como usuario) en Twitter, Facebook, Instagram, Reddit, Shopify, Twitch, YouTube, Snapchat, Tik Tok, Pinterest y una que otra más. O sea, el ‘smartphone’ de Donald se convirtió básicamente en un pisapapeles con cámara, que puede hacer y recibir llamadas.

Los argumentos en contra de las acciones tomadas contra Trump han sido aplaudidos y criticados. El aplauso es dual: se respeta la ley y se siente alivio en el silencio. Las críticas van orientadas a la restricción de la libertad de expresión. Ambas posturas merecen análisis. En primer lugar, hubiese sido más apropiado eliminar publicaciones específicas de Trump en lugar de establecer la prohibición general (suena a que los grandes proveedores de esos servicios están engriendo a Biden), pero debe aclararse que, siendo privados, tenían derecho a actuar como actuaron. Las críticas son un tanto más teleológicas o etéreas, basadas más en principios y conceptos que, en este caso, chocan contra disposiciones legales expresas (obsoletas quizá, sí, pero expresas).

Lo que probablemente deba cuestionarse es el poder colosal que, con la inmunidad garantizada por la ley, tienen esos proveedores. Hay quienes sugieren que sean regulados con el detalle y cuidado que se regula a las instituciones financieras; después de todo ¿quis custodiet ipsos custodes?

Lo cierto es que (incluso actuando de acuerdo a lo que la ley y sus políticas permiten) la actitud de compañías como Twitter y Facebook viene hoy a ser consecuencia de haber entendido que el monstruo lo habían ayudado a crear ellos, y que lo dejaron crecer hasta que fue tarde y tuvieron que actuar radicalmente.

No sé si convenga que también cancelen a Trump en Spotify, no vaya ser que escuche ‘Eye of the Tiger’ y se entusiasme con sus irreverentes ideas.