Rafael Oyarte | Ley de Espionaje

Una actividad inconfesable de los Estados medianamente responsables es el espionaje. Se lo hace pero no se admite abiertamente que se lo realiza: incluso cuando un espía cae, se tensan relaciones pero la nación del agente nunca admite la actividad. Lo mismo ocurre al interior de las naciones: algún nivel mínimo de información sobre las personas se debe tener. Así, por ejemplo, los concursos para fiscal y Corte Nacional de Justicia, entre otros, son abiertos, se puede presentar cualquiera que reúna los requisitos de acceso al cargo. Sería ingenuo creer que en esos concursos no van a querer poner sus alfiles las mafias, el narcotráfico, el crimen organizado y otros que tienen tanto poder económico como fines desviados. ¡Imagínese un fiscal o un juez supremo puesto por alguno de esos grupos! La cantidad de gente sin pasado conocido es mucha, pero que el Estado no conozca a quienes pueden llegar a altos cargos es inaudito.

Por acá estamos aprobando una Ley de Inteligencia en la que han saltado a la vista cosas como intercepción de comunicaciones y acceso a informaciones y bases de datos sin orden judicial, sino por el solo requerimiento de la autoridad de inteligencia. Ya se ha alertado sobre la eventual violación al sigilo profesional y a la reserva de la fuente, con el agravante que el requerido no puede oponerse a esa exigencia. Pero hay otra cosa que, al parecer, no ha llamado la atención. ¿Cree usted que los servicios de inteligencia de otras naciones hacen pedidos formales en ese sentido? No solo que un requerimiento de esa clase alertará al investigado, sino que, encima, nuestra ley dice que las informaciones recabadas no servirían en un proceso judicial, ni como prueba ni para iniciarlo, lo que es obvio, pues sería prueba ilícita, al obtenerse sin orden judicial, violando derechos fundamentales. Nuestra inteligente Ley de Inteligencia anuncia, con bombos y platillos, que nuestros agentes tienen documentación alterada, otorgada por el Registro Civil. Suponemos que un espía extranjero no ha de tener su pasaporte original, pero de ahí a reconocerlo alegremente en una ley nacional, hay distancia.

Para tener servicios de inteligencia no basta una ley, incluso buena, que esta no lo es, sino recursos, infraestructura y voluntad política de recobrar el dominio territorial, perdido hace décadas, fortaleciendo de verdad a los institutos armados y de seguridad. Imagine esta ley en manos de un Maduro (o el impresentable de su preferencia).