Priscilla Falconi Avellán | Leyes vs. derecho
Cuando la forma jurídica se usa para evitar el fondo, el sistema pierde legitimidad, aunque conserve su fachada
El derecho no es solo un conjunto de normas. Es un pacto civilizatorio, una promesa de que el poder se ejercerá con límites, transparencia y deliberación. Cuando la forma jurídica se usa para evitar el fondo, el sistema pierde legitimidad, aunque conserve su fachada.
Las leyes deben ser fruto del diálogo, el disenso, la participación y el análisis técnico. Cuando se aprueban con títulos engañosos, múltiples materias mezcladas y sin claridad sobre su ejecución ni debate, la seguridad jurídica se convierte en una ilusión. Y es que esta no consiste solo en entender qué dice la ley, sino en confiar en que no cambiará mañana por capricho o conveniencia. Es saber que las reglas son comprensibles, previsibles y estables.
Según el BCE, en 2024 Ecuador recibió apenas US$ 232 millones en inversión extranjera, menos de la mitad que en 2023 (US$ 475 millones). La falta de certeza ahuyenta el capital. Además, las leyes mal diseñadas o con vacíos técnicos generan litigios, contradicciones normativas y más conflictividad. El Estado pierde recursos resolviendo los efectos de su propia improvisación.
El artículo 140 de la Constitución permite que el presidente remita leyes urgentes en materia económica, que deben ser aprobadas, modificadas o negadas en 30 días improrrogables. Pero la Corte Constitucional ha sido clara: la urgencia debe ser real, apremiante e ineludible, con conexión directa con la economía y efectos inmediatos. Las leyes de Solidaridad, Inteligencia e Integridad, aprobadas como ‘económicas urgentes’, no cumplen con estos criterios. En el mejor de los casos, son normas legítimas mal tramitadas. En el peor, una forma de legislar sin contrapesos.
La Corte puede declararlas inconstitucionales -ya se han presentado acciones- y, si detecta vicios de forma (como falta de motivación o unidad de materia) o de fondo (derechos vulnerados, excesos de poder) puede anularlas total o parcialmente, con efectos obligatorios, vinculantes y ‘erga omnes’.
A corto plazo, estas leyes pueden dar imagen de firmeza. A largo plazo, erosionan la institucionalidad. Un país que legisla sin coherencia ni legitimidad puede tener leyes, pero ya no tiene derecho.
