Priscilla Falconi Avellán | El peso de los gobiernos en el destino de un país

Leí recientemente un artículo de El País sobre Cuba y me quedó dando vueltas la idea de cuánto pesa un gobierno -y, en rigor, una sucesión de gobiernos- en el destino de un país. La nota retrata una sociedad atrapada entre la presión externa y las fallas acumuladas de su propio modelo, en medio de una crisis energética y económica insoportable.

A veces se habla del destino de los países como si dependiera de su geografía, sus recursos naturales o la preparación de su gente. Pero las naciones no son solo lo que tienen, son también el reflejo de las decisiones de sus dirigentes a lo largo del tiempo. Los gobiernos fijan prioridades, crean o destruyen confianza, ordenan incentivos, fortalecen o erosionan instituciones y, con ello, amplían o reducen el campo de lo posible.

Por eso el deterioro de un país rara vez ocurre de golpe. Casi siempre es acumulativo. Se posterga lo importante, se administra la urgencia como rutina y se normalizan las distorsiones. También la recuperación es acumulativa, exige visión, consistencia, reglas confiables y una idea de futuro.

Ecuador ofrece hoy un recordatorio inquietante. Aun en medio de un invierno intenso, reaparecen dudas sobre la estabilidad energética. El embalse de Mazar y los caudales de Paute han bajado fuertemente en marzo. Coca Codo Sinclair genera al 27 % de su capacidad y se ha requerido autogeneración privada para sostener el sistema.

El caso peruano obliga, además, a matizar. Su caos político -ocho presidentes en ocho años- no ha producido un derrumbe económico equivalente. Eso no significa que los gobiernos no importen, sino que el destino de un país no depende solo del gobernante de turno, sino también de la fortaleza de sus instituciones, de la credibilidad de su tecnocracia económica y de la estabilidad acumulada.

El destino de un país no se juega solo en una elección ni en un gobierno. Se define en la calidad y suma de decisiones públicas que dejan tras de sí instituciones fuertes o fragilidad normalizada, pero también en una ciudadanía que elige, exige y defiende esas instituciones.