Priscilla Falconí Avellán | El cómo importa tanto como el qué
El orden no es capricho; vuelve válidas y duraderas las decisiones
Hace unos días, el Gobierno impulsó una consulta popular que incluye la pregunta de convocar a una Asamblea Constituyente -órgano extraordinario elegido por la ciudadanía para redactar una nueva Constitución o rediseñar la vigente- iniciando el proceso por el CNE. El orden correcto exige ir primero a la Corte Constitucional (CC) para revisar la vía y el contenido. La CC frenó el trámite ante acciones de inconstitucionalidad. El Gobierno insistió, volvió a dirigirse al CNE y este remitió el decreto a la CC. Hubo observaciones y correcciones; con las subsanaciones, la CC habilitó la consulta. Iremos a las urnas para decidir si se convoca; si gana el SÍ, seguirán la elección de constituyentes y la ratificación del texto.
En términos de garantías, esto es el debido proceso en acción. La CC controla antes de la consulta la vía de modificación (si corresponde Constituyente) y el contenido (claridad y unidad de materia de la pregunta, libertad del elector y coherencia del estatuto). Luego el CNE organiza la votación.
Desatender el procedimiento -y en algo tan decisivo- erosiona la confianza. El orden no es capricho; vuelve válidas y duraderas las decisiones. La Constitución es el marco común; organiza el Estado, distribuye competencias (quién puede hacer qué y con qué límites) y garantiza derechos. Es perfectible; por eso discutir cambios es legítimo.
El debido proceso obliga a decidir con reglas claras y visibles (autoridad competente, aviso, defensa, prueba, motivación y revisión). Saltárselo es mala idea. Los resultados son frágiles -se judicializan o se revierten- y pierden legitimidad. La evidencia comparada muestra que la gente coopera más cuando percibe procedimientos justos aplicados a todos (Tyler 1990; Sunshine & Tyler 2003; Bolger & Walters 2019; OCDE 2024).
Cuando el Estado transgrede el proceso, el problema no es técnico, sino político-moral; sugiere que las reglas dependen del interés del poder.
El debido proceso no es un trámite, es el andamiaje institucional que convierte el poder en autoridad. Si el Gobierno lo respeta, construye previsibilidad; si lo elude e improvisa, siembra desconfianza y vuelve sus decisiones vulnerables.
