Priscilla Falconi Avellán | Cuando el dolor se vuelve contenido
El fraude digital escala mucho más rápido que la capacidad del Estado para regularlo
La serie de Netflix ‘Apple Cider Vinegar’, basada en hechos reales, cuenta la historia de una ‘influencer’ australiana que construyó una plataforma digital afirmando haber vencido un cáncer terminal mediante dietas y terapias alternativas. Está inspirada en el libro The Woman Who Fooled the World, de dos periodistas que demostraron que nunca tuvo cáncer, pero sí una notable capacidad para construir credibilidad digital, monetizarla y explotar el dolor ajeno. Vendió aplicaciones, libros y promesas, e incluso recaudó dinero para donaciones que jamás entregó.
El fenómeno no es aislado. Según datos de la Federal Trade Commission de Estados Unidos, en 2024 se reportaron más de 12.500 millones de dólares en pérdidas por fraudes digitales, cifra que podría aumentar a 196.000 millones al considerar los casos no denunciados. Sin embargo, el daño más grave no siempre se mide en dinero, especialmente cuando el engaño se dirige a personas en situaciones de vulnerabilidad emocional o física, y condiciona decisiones de salud.
‘Influencers’ promocionan, sin formación médica ni responsabilidad legal clara, productos con enorme impacto sobre sus audiencias a cambio de dinero. Aquí la discusión deja de ser moral y se vuelve jurídica. ¿Dónde termina la libertad de expresión y empieza la publicidad engañosa? ¿Cuándo una opinión se convierte en estafa? En Australia, la ‘influencer’ fue sancionada, pero la multa impuesta jamás fue cobrada, y no existió una inhabilitación real que evitara la reincidencia.
El derecho enfrenta un desafío evidente: el fraude digital escala mucho más rápido que la capacidad del Estado para regularlo. No basta con sancionar al individuo; es necesario responsabilizar también a las plataformas que permiten amplificar y monetizar el engaño. El verdadero riesgo del fraude digital no es solo económico, sino el uso del dolor humano como modelo de negocio, frente a un derecho que todavía sanciona tarde y de forma insuficiente.
La respuesta no es censurar a quienes influyen, sino exigir estándares, transparencia comercial, límites claros en contenidos sensibles y una responsabilidad compartida que no deje sola a la audiencia creyendo todo lo que sigue.