No hay en el derecho internacional norma alguna que autorice la imposición unilateral de sanciones económicas o comerciales de un Estado contra otro,. Ni siquiera la Organización de las Naciones Unidas - ONU, que se creó para preservar del flagelo de la guerra y encausar a que las disputas entre países se ventilen y resuelvan en el seno de ese foro multilateral, pues sus resoluciones no pueden ir más allá de recomendaciones porque carecen del respaldo de fuerza coercitiva que obligue a su ejecución. De hecho, muchas de las resoluciones de la ONU no han sido respetadas, como ha ocurrido innumerables veces con las impuestas y comunicadas al Estado de Israel para que cese en su política de ocupación y colonización judía en la Palestina Cisjordana, a las que el premier Benjamín Netanyahu no dio ni siquiera respuesta. Y ha sido en realidad la potencia armada mayor del mundo, Estados Unidos, la que por sí y ante sí se ha arrogado la potestad de imponer a su arbitrio sanciones de carácter económico o diplomático al Estado o funcionarios del país que se le ocurra, como el bloqueo económico impuesta a Cuba, aunque fuera en el caso como resolución de la Organización de Estados Americanos bajo su influencia. Pero que contra la Venezuela chavista y después bajo el régimen de Maduro, se exacerbó al punto de no reconocerlo el expresidente Trump como legítimo mandatario por asumir que no fue elegido en elecciones confiables, postura conservada por el presidente Joe Biden. Por ello es que desde Moscú, en el foro de una conferencia dictada en el club de debate Valdai, el canciller venezolano Jorge Arreaza, manifestara que si EE.UU. quiere hacer negocios con Venezuela, Washington debe devolver a su país su industria y las empresas que le “arrebató por la fuerza”, como Citgo, filial de la estatal petrolera Pdvsa, con su refinería y estaciones de servicio en EE.UU., y a la petroquímica venezolana Monómeros, que opera en Colombia, entre otros activos venezolanos en el exterior. Las sanciones son ilegales, dijo y pidió que EE.UU., vuelva a la legalidad. Le recordó que hay $ 6.000 millones de Venezuela bloqueados en el exterior por las sanciones internacionales, por lo que ni siquiera se ha podido comprar suficientes vacunas contra COVID-19.