Como uno de los últimos coletazos de Moby Dick herida de muerte, Donald Trump al perder la posibilidad de su reelección a la presidencia de EE.UU. frente al demócrata Joe Biden, parece haber querido descargar su frustración contra los cubanoestadounidenses al disponer que todas les empresas de envíos controladas por las Fuerzas Armadas en Cuba tendrían prohibido operar a partir del 23 de noviembre, a menos que consigan una contraparte cubana que no tenga lazos militares. Tremendo baldazo de agua helada, precisamente en estos días en que se efectúan las compras para regalos navideños.

Mensualmente los cubanos residentes en EE. UU. realizan más de 240.000 transferencias individuales a Cuba usando una conocida empresa norteamericana. En ausencia de datos del Banco Central de Cuba, los investigadores estiman entre $ 2.000 y $ 4.000 millones anuales el total de esas remesas. En realidad las remesas de dinero que los latinoamericanos residentes en EE. UU. envían a sus familiares en sus países de origen son muy altas. En Ecuador, desde hace años se ha estimado que esas remesas constituyen el rubro más alto de ingreso de divisas después de la exportación de crudo. La conocida empresa norteamericana que concentra la mayor parte de los envíos de remesas tiene 307 sedes en la isla, habiendo además otras dos pequeñas empresas de envíos. Al cierre de sus operaciones en Cuba debe sumarse la restricción de vuelos a la isla impuesta también por Trump, y según lo han advertido los medios de comunicación, significaría el regreso de las “mulas” (quienes llevan consigo sustancias prohibidas, que en el caso serán los envíos de dinero), procedimiento aconsejado por el propio Trump, como tendrá que ser interpretado el término que utiliza de “la contraparte cubana que no tenga lazos militares”, lo que linda ya con el disparate.

Para el sociólogo Guillermo Grenier, de la Universidad Internacional de Florida, esta especie de informalidad encubriría un mercado negro de transferencias no reguladas, opciones más caras y sin garantía de que los fondos lleguen, y sin forma de rastrearlas. Y cree que esta equivocada política debería ser reconsiderada por el nuevo gobierno de Biden.