En nuestro tercer artículo sobre la crisis carcelaria, del 4 de septiembre, cuando se había posesionado recién como nuevo director del Servicio Nacional de internos en cárceles (SNAI) al excomandante militar Fausto Cobo, nos referimos a que este había calificado la situación como un caos, que se requerían cambios estructurales profundos que incluyan equipos tecnológicos, guardias armados, etc., y que aún así no se verían resultados antes de un tiempo mínimo de seis meses pues el poder de las organizaciones criminales era tan grande que competía con el mismo Estado. Dentro de ese proceso y fines, tras la tercera reunión del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social se había logrado apenas el sábado pasado conformar un nuevo ente, el Comité de Intervención Emergente del Estado en Centros de Privación de Libertad, mesa que estaría presidida por la Defensoría del Pueblo, cuando los diarios del lunes trajeron la espantosa noticia de la masacre ocurrida en la Penitenciaría del Litoral, entre la noche del viernes y madrugada del sábado, que dio como resultado 68 internos asesinados, según reportara la Fiscalía, aunque veinte minutos después Marco Ortiz, director de la Policía Judicial, señalara que solo 61 cuerpos fueron ingresados a la morgue para entregarlos a los familiares, habiéndose reconocido hasta entonces a 34. La discrepancia en el número de asesinados se admite que podría deberse a la complejidad del estado de los restos, pues además de los cuerpos ingresados para su reconocimiento había restos y “miembros sueltos, entre ellos seis cabezas” ( el horror tras el horror). Aún más patético es el relato de la noche del sábado en la voz de personas privadas de libertad que se encontraban en el pabellón 2, o en la “zona transitoria”, donde permanecían quienes tramitaban la libertad condicional tras haber cumplido 60 % de su pena o los detenidos por delitos menores, quienes habían sido amenazados por los presos de otros pabellones por no haberles querido, o no haber tenido con qué, pagarles por protección dentro de la penitenciaría, como acostumbraban hacer con ellos las bandas mafiosas de otros pabellones, al estilo de las películas de gánsters, y que oían ya el ruido de las explosiones y de los disparos de quienes venían a matarlos.