Porte de armas y derechos humanos
La oposición de las organizaciones de derechos humanos al porte de armas es intensa
Los últimos doce años de vigencia de la prohibición de porte civil de armas, vivimos una escalada delincuencial sin parangón. La razón, el Decreto # 749 del 2011 y la Constitución de Montecristi, que permitieron al gobierno de Correa arrastrar al Ecuador en la vorágine de la corrupción y la inseguridad; gracias a una delincuencia protegida a través de las dictaduras parlamentaria, con los ‘alza manos’, y judicial, con jueces asalariados protegiendo el derecho de los delincuentes a costa de la ciudadanía, cuya vida pende en la mano de algún mafioso togado o armado, total la justicia tiene precio y la legítima defensa para el ciudadano común es inexistente.
El Decreto Ejecutivo N.º 707 del presidente Lasso, que retoma la autorización de porte regulado de armas de uso civil para la defensa personal, es la respuesta al clamor ciudadano, traducido en recuperar la posibilidad de defender la vida; así los delincuentes ya no actuarán sobre seguro, teniendo el riesgo de ser repelidos por la víctima y por quienes estén en el sector. Esa es la función disuasiva de la autorización del porte de armas.
En cuanto a los requisitos para obtener el correspondiente permiso, a más de los establecidos, debería solicitarse al postulante sus cuentas de sus redes sociales, donde un psicólogo pueda determinar la peligrosidad del mismo, acorde a sus publicaciones. De igual forma, si de peligrosidad del solicitante se trata, no debería dársele permiso a aquella persona que ha sido detenida por un acto violento y que por cualquier motivo sale libre sin sentencia ejecutoriada.
La oposición de las organizaciones de derechos humanos al porte de armas es intensa, como si para ellos, solamente los delincuentes tuvieran derechos humanos. Me pregunto: si tanto les preocupan los delincuentes a los activistas de derechos humanos, ¿por qué no los alojan en su casa cuando sean beneficiarios de arresto domiciliario?
La realidad es que estos últimos doce años, exclusivamente, los delincuentes han portado armas, por lo que ya era hora de que el ciudadano de bien pueda ejercer su derecho legítimo a defender su vida.
