Columnas

Se hace necesario

"Extender las investigaciones a CNEL es el deber moral de las instituciones de control"

Cuando la mayoría de los cantones pasan del semáforo rojo al amarillo, la corrupción nunca dejó de estar con luz verde y en vía de alta velocidad; esa tendría que ser la reflexión que deberíamos realizar todos los ecuatorianos tras la desgarradora realidad que nos presenta esta época de pandemia.

Los sobreprecios, las compras fraudulentas de medicamentos e implementos de salud, de bioseguridad, de alimentos, etc., son circunstancias que se desbordaron estos últimos meses, superando los niveles anteriores, a los que parecía que, lamentablemente, ya nos habíamos acostumbrado. Pero siempre hay algo que nos saca del aletargamiento, más que la sed de justicia, podría ser la adicción al escándalo.

Desde hace años se venía escuchando en las distintas redes sociales de los negociados de una determinada familia, a la que, por su silencio, se les había entregado el IESS y la CNEL. Secreto a voces, pero la justicia y el Estado, cual esposo cachudo, no se daban por enterados, no sabemos si por conveniencia o vergüenza, esta última creo la menos probable, porque pareciera que una de las características para el “servicio público” es carecer de ella, claro está, salvo honrosas excepciones que confirman la regla.

Debemos aplaudir la labor de la Fiscalía al haberle echado la mano a lo del IESS, ojalá no olvide CNEL, la que mes a mes le mete la mano al bolsillo de los ecuatorianos, con valores excesivos en las planillas del servicio. Ese “pitufeo” maldito, también es corrupción y hay que esclarecer si los tentáculos de esa misma familia están en dicha institución, tal como se dice en calles y plazas.

Me pregunto ¿dónde están la Contraloría y la Fiscalía?, para investigar y desmantelar también esa red de extorsión y corrupción que esquilma mes a mes, sistemáticamente y sin control alguno, a la población ecuatoriana, sin distinción de bandera política, clase social, o económica. Extender las investigaciones a CNEL es el deber moral de las instituciones de control. Ese deber moral propio del imperativo categórico al que se refería Immanuel Kant, en la política ecuatoriana se hace necesario.