El 5 de junio del 2020, en las primeras planas de los diarios se leía: “Más de 30 asambleístas tienen denuncias por presuntos actos de corrupción en la Fiscalía…”.

El 8 de julio del presente año, en las primeras planas de los diarios se leía: “Judicatura detecta presuntas irregularidades en la asignación de los jueces que resolvieron causas a favor del alcalde Jorge Yunda…”.

El 11 de julio del presente año, en las primeras planas de los diarios se leía: “Contraloría a evaluación por investigaciones de actos de corrupción de sus autoridades…”.

El 16 de julio del presente año, en las primeras planas de los diarios se leía: “Fiscalía rastrea más de 210 vulneraciones en sorteos de procesos judiciales”. Las vulneraciones tenían como finalidad direccionar los casos a distintos jueces; tales maniobras poco ortodoxas, involucran a las delegaciones de las judicaturas de Guayas, Pichincha y Santa Elena.

La corrupción siempre ha existido, pero antes del bucaramato y del correato era la excepción; siempre identificada como deleznable, pero jamás como práctica casi institucional, como lo hemos visto en los últimos 14 años del modelo castrochavista del socialismo del siglo XXI.

Pareciera que la corrupción fuera la norma general y la honestidad la excepción que confirma la regla.

No queda claro si el expresidente Moreno en su “intento” por desmontar la estructura corrupta del correísmo puso o no en verdad todo su esfuerzo, pero lo evidente es que en ese aspecto también fue altamente mediocre su gobierno, ya que el correísmo aún se encuentra enquistado en el poder.

Injustificable escuchar a una asambleísta aconsejar robar bien y no dejarse descubrir; pero inaudito es que tal actitud sea tolerada y justificada por la Legislatura. ¿Ese es el ejemplo que queremos dejar a las futuras generaciones? ¿Es justo que funcionarios alejados de la ética y la moral generen una imagen negativa de lo que somos los ecuatorianos?

La lucha contra la corrupción y el desmontaje del andamiaje corrupto y corruptor, heredado del correato, para el Gobierno del encuentro debe ser un imperativo categórico.