Modesto Gerardo Apolo | Seguridad nacional
A veces, la libertad debe ceder, temporalmente, para poder garantizar la supervivencia del cuerpo social
La aguda crisis institucional y violencia sistémica obligan a los Estados a actuar. Ecuador vive esa encrucijada. La violencia generada por el crimen organizado y el narcoterrorismo ha desbordado las capacidades del Estado. Frente a esta amenaza letal, el país ha respondido con una herramienta legal potente: la Ley Orgánica de Inteligencia.
Muchos reclamarán en defensa de los derechos civiles. Pero esa defensa no debe ser absoluta cuando la vida misma está en riesgo. No podemos exigir privacidad con el crimen organizado paseándose con impunidad por nuestras instituciones. El debido proceso es inexistente cuando la corrupción ha corrompido al sistema judicial. Contextos extraordinarios, requieren medidas extraordinarias; ej.: tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos reaccionó con la Ley Patriota, que permitió prevenir nuevos ataques, aunque a costa de profundos debates éticos.
Ecuador transita un camino similar. La Ley de Inteligencia permite el acceso a información sin orden judicial, y obliga a la cooperación de empresas, instituciones públicas y ciudadanos. ¿Es esto una amenaza a nuestras libertades? Sí. ¿Es una medida necesaria? También.
Hoy el enemigo viste de traje, se infiltra en las aduanas, dirige bandas armadas desde las cárceles y lava millones con empresas fachada. Para combatirlo se requiere inteligencia, anticipación, coordinación y decisión política.
No podemos ignorar los riesgos; la clave estará en los contrapesos: supervisión real del uso de fondos especiales, control independiente de operaciones encubiertas, y sanciones severas a quienes utilicen la ley para perseguir a adversarios políticos o silenciar voces críticas.
La seguridad ciudadana no es un lujo: es un derecho humano. Y cuando el Estado pierde el control del territorio, todos los demás derechos son letra muerta.
A veces, la libertad debe ceder, temporalmente, para poder garantizar la supervivencia del cuerpo social.
No se trata de vivir en un estado policial, sino de recuperar el orden mínimo que nos permita ejercer nuestras libertades con responsabilidad y sin miedo.
