Modesto Gerardo Apolo | ¿Quién financia las protestas?
Las protestas de 2019 y 2022 fueron parte de una estrategia donde convergieron intereses políticos
La protesta social es un derecho inalienable de cambio y justicia. Sin embargo, cuando las movilizaciones se tornan sistemáticas, violentas y altamente financiadas, surge la pregunta: ¿a quién sirven realmente?
Las protestas de octubre de 2019 y junio de 2022, aparentemente legítimas contra la eliminación de subsidios de combustibles, por la magnitud, logística y violencia de esos eventos, no se explican solo por la indignación popular. Según el exministro del Interior, Patricio Carrillo, las movilizaciones de 2019 costaron en 17 días más de 13 millones de dólares, con un gasto diario de USD 800.000. Esto incluyó transporte masivo, alimentos, hospedaje, comunicación y, según denuncias, hasta armamento. ¿Quién financió esta operación?
Las investigaciones apuntan a la presencia de grupos radicales con vínculos internacionales, incluyendo posibles conexiones con el gobierno de Nicolás Maduro, sí, el del Cartel de los Soles.
Hoy, tras recientes golpes a la economía del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, coincidentemente, la capacidad de movilización ha disminuido, sugiriendo que el crimen organizado no solo se benefició del caos, sino que lo patrocinó.
La violencia indiscriminada y la toma de instituciones no reflejan una protesta pacífica, sino tácticas de desestabilización política. Estas buscan erosionar la gobernabilidad, deslegitimar al Estado y facilitar el retorno de sectores políticos, ligados a intereses criminales. No es casualidad que la izquierda radical y el correísmo hayan capitalizado, en el pasado, estos episodios, sin condenar la violencia.
Las protestas de 2019 y 2022 fueron parte de una estrategia donde convergieron intereses políticos, economías ilegales y agendas regionales. El caos sirvió como fachada para tratar de retomar el poder mediante el colapso institucional, financiado por actores que ven en el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, un negocio.
La escasa afluencia en las movilizaciones recientes llama a reflexionar sobre el uso político de la protesta, el rol del crimen organizado y la fragilidad institucional.