Modesto Gerardo Apolo | Justicia temerosa

Cuando un juez decide con miedo falla el Estado. La intimidación judicial es el objetivo central del crimen organizado. Capturar la justicia, paralizarla, es más eficaz que cualquier bala.

En contextos de alto riesgo, los propios jueces tienen márgenes de acción que no deben subestimarse. La primera es técnica: decisiones exhaustivamente motivadas, ancladas en precedentes obligatorios y adoptadas de manera colegiada reducen la personalización del fallo y con ello, la vulnerabilidad individual. La segunda es institucional: activar y exigir protocolos de riesgo ante amenazas verificables. Normalizar el peligro -callar, aguantar, ‘adaptarse’- solo incrementa la exposición.

Es clave despersonalizar la función jurisdiccional. Menos protagonismo mediático, exposición innecesaria y una separación estricta entre vida privada y rol judicial disminuyen los puntos de presión del crimen. Registrar y denunciar toda amenaza es vital. Sin registro no hay política pública posible.

Finalmente, el cuidado debe ser una exigencia colectiva de condiciones mínimas para juzgar sin miedo.

La responsabilidad principal es estatal. El primer paso es reconocer jurídicamente que el riesgo judicial es un problema de seguridad nacional. La intimidación a jueces busca capturar el sistema de justicia y con ello, el poder público. De allí la urgencia de un Sistema Integral de Protección Judicial que evalúe riesgos, proteja a jueces y familias, refuerce la seguridad en juzgados, active protocolos de emergencia y reubicación cuando sea necesario.

Nada de esto funciona sin presupuesto específico y auditable. La seguridad sin recursos es discrecional y reactiva. Tampoco sin coordinación real entre Judicatura, Policía, Fiscalía e Inteligencia: la fragmentación favorece al crimen. Y sobre todo, se requiere un mensaje político claro e inequívoco de respaldo a la independencia judicial. El silencio o la ambigüedad legitiman las amenazas.

Un país donde los jueces temen no es más seguro: es más débil. Garantizar que juzguen sin miedo no es un privilegio corporativo, es una condición mínima de la democracia.