Modesto Gerardo Apolo | Control constitucional o conflicto de poderes
La decisión marcará el equilibrio institucional de un país que transita entre la urgencia y el derecho
El segundo semestre de 2025 ha evidenciado una creciente tensión entre el Ejecutivo y sectores sociales, gremiales y académicos, venidos a menos políticamente, con la Corte Constitucional como árbitro central de un conflicto que va más allá de lo jurídico.
Las 18 demandas de inconstitucionalidad presentadas contra tres leyes emblemáticas del gobierno de Daniel Noboa: la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Integridad Pública y la Ley de Seguridad Integral revelan no solo fisuras normativas sino también la lucha por el control del discurso legal y político.
La aprobación acelerada de estas leyes, dos con carácter de económico urgente, ha sido defendida por el Gobierno de Daniel Noboa como una respuesta necesaria, fundamental e indispensable frente al conflicto armado interno contra el crimen organizado. Bajo esa lógica, serían no solo válidas sino vitales para garantizar la seguridad y recuperar el control territorial y la seguridad ciudadana. Sin embargo, esta narrativa choca con críticas que advierten posibles violaciones a principios constitucionales como la autonomía universitaria, la progresividad fiscal y la legalidad tributaria.
En este escenario, la Corte Constitucional asume un rol decisivo, no solo jurídico, sino institucional. Debe definir si respalda un estilo de gobernar basado en la excepcionalidad o si afirma los procedimientos deliberativos del Estado de derecho. Su fallo tendrá efectos políticos: o fortalece al Ejecutivo, o da oxígeno a una oposición que ha encontrado en la justicia constitucional un espacio para reposicionarse aun si ello puede significar retrocesos en la lucha contra el crimen organizado y contra la impunidad.
Desde una mirada estratégica, estas demandas también buscan recuperar iniciativa política. Gremios y colectivos no solo impugnan normas sino que proyectan presencia rumbo a las elecciones seccionales. Así, la Corte se convierte en el escenario donde se confrontan legalidad, poder y legitimidad.
La decisión marcará el equilibrio institucional de un país que transita entre la urgencia y el derecho, entre eficacia y democracia.
