Modesto Apolo: Ley de Inteligencia
¿El desafío?, asegurar que esas herramientas sean utilizadas con ética, transparencia y respeto por la Constitución
La Ley Orgánica de Inteligencia representa un movimiento audaz del Gobierno de Noboa en su lucha contra el crimen organizado. Es una normativa que responde a un contexto extraordinario de violencia, impunidad y desinstitucionalización, donde el Estado ha sido superado por estructuras criminales que actúan con coordinación, recursos y poder territorial.
Esta ley establece un sistema nacional articulado, con principios, definiciones operativas, límites legales y responsabilidades concretas, que no existían con claridad ni control. Formaliza la labor de inteligencia en un marco legal, permitiendo así que las acciones del Estado no solo sean más eficaces, sino también más auditables y sujetas al escrutinio público y constitucional.
¿El reto? Garantizar que sea ejecutada bajo parámetros democráticos, con supervisión efectiva, y no como una herramienta de poder discrecional.
Para ello, es fundamental que la Contraloría General del Estado esté atenta al manejo de los gastos reservados, la Fiscalía en los casos en que se justifique la intervención de comunicaciones, y la sociedad civil en exigir la transparencia de un sistema que tiende al secretismo.
La ley crea una estructura que integra múltiples subsistemas: policial, militar, financiero, tributario, aduanero, penitenciario; reflejando una comprensión más integral del fenómeno del crimen organizado, que dispara, lava dinero, penetra instituciones y manipula procesos judiciales.
El equilibrio entre seguridad y libertad es uno de los dilemas más complejos. Ese equilibrio se logra con legislación clara, controles institucionales efectivos y una ciudadanía activa.
¿El desafío?, asegurar que esas herramientas sean utilizadas con ética, transparencia y respeto por la Constitución.
En definitiva, esta ley marca un avance en el proceso de reconstrucción del aparato estatal frente al crimen. La responsabilidad del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial y de la Sociedad Civil será ahora asegurar que la ley se convierta en una oportunidad histórica para recuperar el orden, la gobernabilidad y la confianza ciudadana.
