Modesto Apolo | ¿El juicio político, arma de chantaje?
Cuando la valoración de la prueba depende más de afinidades que de su mérito jurídico, el proceso pierde legitimidad
El avance del juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, expone una realidad incómoda: la justicia ecuatoriana continúa atrapada en una lógica de confrontación política donde la verdad jurídica suele quedar subordinada a la conveniencia política del momento.
Lo ocurrido en la Comisión de Fiscalización trasciende el debate procedimental. La aceptación parcial de nuevas pruebas, luego de una pugna abierta entre el oficialismo (ADN) y la Revolución Ciudadana (RC), revela cómo una herramienta constitucional de control puede deformarse y convertirse en mecanismo de presión y hasta de chantaje, mediante el bloqueo o negociación política.
Cuando la valoración de la prueba depende más de afinidades que de su mérito jurídico, el proceso pierde legitimidad ante la ciudadanía.
El oficialismo sostiene su postura en defensa del debido proceso y del derecho a la defensa del funcionario investigado; principio fundamental sin duda. Sin embargo, su aplicación selectiva para excluir hechos, potencialmente relevantes, envía una señal preocupante: la forma puede usarse como excusa para evitar el fondo del problema.
En cambio, desde la oposición, se advierte que negar pruebas pertinentes constituye una decisión política orientada a encubrir irregularidades. Pero aquí existe un riesgo: ampliar el juicio hacia hechos imprecisos puede debilitar la acusación y terminar favoreciendo al propio acusado.
Las consecuencias de esta pugna van más allá del futuro de Mario Godoy. Están en juego la seguridad jurídica y la confianza ciudadana.
Si el órgano encargado de administrar y disciplinar a jueces y fiscales es juzgado en un clima de sospecha política permanente, ¿qué garantías quedan para quienes acuden a los tribunales? ¿Qué mensaje reciben jueces que ya operan bajo amenazas del crimen organizado y presiones del poder?
La justicia no puede ser manipulada, ni ser rehén del juego político. Este juicio debería servir para transparentar responsabilidades, no para profundizar la polarización; caso contrario, la democracia corre el riesgo de convertirse en una ficción.
