Modesto Apolo | Crimen organizado y ciudadelas exclusivas
El reciente sicariato de alias Marino en una urbanización de Samborondón es solo un caso más
El crecimiento del crimen organizado evidencia el uso sistemático de bienes inmuebles como instrumentos para ocultamiento, logística, almacenamiento, lavado de activos y refugio de estructuras criminales, en especial en urbanizaciones ‘exclusivas’.
En Ecuador, el marco legal no establece obligaciones de debida diligencia reforzada para los Corredores de bienes raíces, pese a su rol determinante en la intermediación inmobiliaria. Esta omisión ha generado zonas grises de impunidad funcional, agravadas por la tolerancia social al corretaje informal.
El uso de urbanizaciones exclusivas por los GDO no es un fenómeno nuevo. El reciente sicariato de alias Marino en una urbanización de Samborondón es solo un caso más. Estos hechos colocan en el debate a la actividad de corretaje inmobiliario. Corredores formales, y con mayor riesgo los informales, pueden convertirse, por acción u omisión, en parte del problema, cuando no verifican la idoneidad de los intervinientes.
El Código de Comercio es claro: el corretaje es una actividad mercantil autónoma que solo puede ser ejercida por corredores habilitados. El corredor formal y más aún el informal no están exentos de responsabilidad civil y penal, sea por dolo o culpa grave ante la Fiscalía, el SRI y la UAFE. Además, el corretaje informal vulnera el régimen tributario y configura el delito de evasión fiscal.
El contrato de corretaje debería celebrarse por escrito, sin importar el monto del arrendamiento y/o compraventa. Identificar a las partes, definir el objeto, honorarios y su forma de pago. El notario debería verificar la existencia del contrato de corretaje, a más del de arriendo y/o compraventa, dejando constancia de la credencial de habilitación del intermediario.
Es indispensable que la autoridad exija que el corretaje inmobiliario sea ejercido únicamente por corredores certificados, obligándolos a evaluar riesgos, verificar antecedentes y reportar operaciones sospechosas a la UAFE. Solo con voluntad política, trazabilidad y control efectivo se podrá recuperar la seguridad en las denominadas zonas residenciales exclusivas.