Modesto Apolo | Alternativas en la lucha contra GDO
Ecuador necesita normas de inteligencia y contrainteligencia efectivas para combatir narcotráfico y terrorismo
Sin ánimo de estigmatizar a la Corte Constitucional, la realidad es que al tener que defender la normativa constitucional, por más proimpunidad que esta sea, tienen allanado el camino para que cualquier norma contra impunidad pueda ser declarada inconstitucional.
Que los ecuatorianos necesitamos de manera urgente normas más severas, que permitan al Estado facilitar su tarea de inteligencia y contrainteligencia contra los grupos terroristas del narcotráfico nacional y transnacional, es una verdad de perogrullo.
Más que entrar en conflictos que hacen perder tiempo, hay que buscar alternativas que puedan ser utilizadas e implementadas por el Gobierno en este conflicto armado interno, mientras se desenreda este nudo gordiano de la inconstitucionalidad en la Corte Constitucional.
Ahora bien, los Estados requieren completar los diversos ciclos de inteligencia integral (planeación, recolección, procesamiento, análisis y difusión) y contrainteligencia para combatir amenazas como terrorismo y narcotráfico, coordinando subsistemas como Fuerzas Armadas y Policía. El acceso a datos personales en plataformas digitales está regulado por leyes de protección de datos, que exigen consentimiento revocable, base legal y órdenes judiciales, con excepciones por seguridad nacional; y justamente ese es el eje sobre el cual debe girar toda acción de inteligencia y contrainteligencia a ser desarrolladas por el Estado. En jurisdicciones como EE.UU., México y UE, las autoridades usan métodos indirectos como compra de datos de brokers, pero con ‘oversight’, para evitar violaciones a la privacidad constitucional.
En Ecuador, similar a otros países, los servicios de inteligencia podrían acceder a datos mediante compras indirectas, si se justifican por seguridad nacional. Más que presentarlas como pruebas de un delito, sobre todo para tener la información para realizar operativos, y en dichos operativos obtener las pruebas y evidencias requeridas.
De lo dicho existen alternativas que pueden ser utilizadas para inteligencia y contrainteligencia, mientras la Corte Constitucional nos juega al tonto.