El Ecuador necesita establecer mecanismos de combate a su galopante corrupción. Es evidente que el problema se origina en un sistema educativo que olvidó la parte esencial de una buena educación: la conducta personal. Una persona sin valores ni buenos modales puede conocer o saber mucho, pero no deja de ser mal educada.

Ese cambio educativo debe acompañarse de una justicia confiable, independiente, que no avale la impunidad de actos que perjudiquen los intereses de la sociedad; no es justo que quienes asaltan fondos públicos paseen orondos su deshonestidad. El país es consciente de que existe un uso dispendioso de recursos fiscales y que hay quienes se enriquecen inmoralmente con coimas o sobreprecios en contratos de obras públicas, consultorías, adquisición de bienes, lavado de activos y eso hay que sancionarlo.

La teórica independencia de los órganos de control con la creación del Cpccs no ha dado resultado, inversamente se convirtió en un instrumento del gobierno. Sería oportuno analizar la creación del Tribunal de Cuentas (planteado por el actual contralor), como existe en España desde hace varios siglos o en la Unión Europea, para transparentar sus gastos. Ese tribunal puede ser un organismo de revisión de los actos de Contraloría que mejore el control de recursos públicos, fije políticas generales estableciendo precios unitarios referenciales, por ejemplo: costos de un kilómetro de carretera, evitando egresos por precios desmesurados y disímiles; que establezca medios ágiles que sancionen el enriquecimiento no justificado y posibiliten la recuperación de dineros mal habidos. Ese tribunal debe ser conformado con personas de reconocida probidad, que no respondan a intereses corporativos ni políticos, como lo fue la Primera Comisión Nacional Anticorrupción de 1997. Sugeriría que lo integren un exrector universitario o politécnico, un expresidente de la Corte Suprema de Justicia, un ex contralor general del Estado, un ex jefe del Comando Conjunto de las FF. AA., un representante de los medios de comunicación, escogidos entre ellos, que no tengan cuentas pendientes con la justicia.