Columnas

Fiscalización legislativa

Eso terminaría con un organismo legislativo “chantajeando” al Gobierno y este preocupándose de tenerlo a su servicio, favoreciendo los repudiables “cambios de camiseta”

A las reprochables actitudes de jueces o fiscales denegando administrar justicia favoreciendo a delincuentes, la bochornosa situación de un contralor prófugo y un subrogante preso, denunciados de arreglar atracos a los fondos públicos, se une la increíble realidad de una Asamblea Nacional con facultades para expedir, codificar, reformar, derogar e interpretar leyes, enredada en normativas internas que le impiden tomar decisiones en los casos de un contralor y un defensor del Pueblo ejerciendo sus funciones desde la cárcel.

Para quienes nos aferramos al deseo de vivir en un país donde imperen la honestidad, la decencia, el respeto mutuo, no admitimos que todo y todos tienen su precio, por eso es alentador que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presidida por Fernando Villavicencio, establezca una agenda que busca investigar una serie de actos o contratos que han perjudicado al país, lo cual hará posible esclarecer denuncias que no deben quedar en la impunidad. Afortunadamente delitos como el peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, son imprescriptibles, lo cual posibilita sancionar a funcionarios públicos y a personas particulares que participaron en ellos.

A la Asamblea Legislativa le compete legislar, pero su trabajo no se lo puede medir considerando el número de leyes que se presentan o aprueban. Hay que valorar el acierto de las mismas, si estas responden al interés nacional o a intereses de una minoría; además su labor también hay que evaluarla por su tarea fiscalizadora y en ese ámbito esta se ha acumulado, sobre todo en los últimos 15 años.

La Asamblea, con criterio autocrítico, debe depurarse internamente reduciendo el número de asambleístas, suprimir asesores de cada legislador; estos deben ser del organismo legislativo y sus comisiones permanentes u ocasionales, aplicar el Código de Ética y sancionar a legisladores tramitadores de partidas presupuestarias o cargos públicos. Eso terminaría con un organismo legislativo “chantajeando” al Gobierno y este preocupándose de tenerlo a su servicio, favoreciendo los repudiables “cambios de camiseta”.