Cpccs y su encrucijada
La actual mayoría tiene el desafío de acertar en la designación de autoridades, de lo contrario debe eliminarse y que el poder Legislativo las designe, manteniendo el mecanismo de una Comisión de la ciudadanía que coordine la selección de dichas autoridades
En la actual Constitución se creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), cuya principal misión es promover la participación ciudadana y controlar el uso de recursos públicos mediante una rendición social de cuentas de instituciones y funcionarios públicos; además, designar previo concurso de méritos y oposición a directivos de organismos de control y electorales , Fiscalía General, Defensorías del Pueblo y Pública, Consejo de la Judicatura. Se aspiraba que sea una instancia de la ciudadanía, que evitara la excesiva politización de funcionarios que eran elegidos por los poderes Legislativo y Ejecutivo, pero esos propósitos han quedado en meros enunciados. Ninguna de sus funciones las ha ejercido a cabalidad. Lamentablemente el Cpccs se ha ido progresivamente desacreditando, se puso al servicio del gobierno del Ec. Correa y convirtió a los funcionarios que designaba en dependientes del mismo. En el gobierno de L. Moreno se propuso que sus miembros sean elegidos por votación popular, facilitando que cualquier voluntario se presentara como candidato. Eso derivó en una pugna entre los 7 elegidos por captar la presidencia (debió presidirlo el o la más votado (a) para evitar componendas), de los actuales solo dos fueron elegidos como principales. La triste realidad es que dos expresidentes han sido destituidos y la actual presidente removida por la mayoría de sus miembros. Bastante hizo el transitorio que presidió J. C. Trujillo. Lo que sucede en el Cpccs es un reflejo de la crisis de valores e institucionalidad que sufre el país, al que le interesa que se designe a personas probas, pero un organismo en que sus integrantes no respetan sus propias decisiones pierde credibilidad y confianza. Su politización ha llegado al nivel en que la mayoría de sus miembros está siendo enjuiciada políticamente por grupos legislativos afines a la minoría. La actual mayoría tiene el desafío de acertar en la designación de autoridades, de lo contrario debe eliminarse y que el poder Legislativo las designe, manteniendo el mecanismo de una Comisión de la ciudadanía que coordine la selección de dichas autoridades.
