La Asamblea Nacional censuró al contralor subrogante Pablo Celi. El juicio político ha develado la grave crisis en que se encuentra sumergida la Contraloría, al extremo tiene muy escasa credibilidad ciudadana, cuando debiera ser la que inspire el mayor nivel de confianza del país, al ser la encargada de auditar el buen uso de los recursos fiscales, la guardiana que evite lo que no ha evitado o recuperado, el atraco a los fondos públicos sobre todo en los últimos gobiernos, donde el sobreprecio en obras, adquisiciones, derroches en viajes, no han sido debidamente controlados e inversamente se lo ha reducido a un manejo politiquero reflejado en persecuciones a los adversarios políticos y “lavado” de informes o glosas para favorecer a funcionarios con poder, mientras a mucha gente honesta se la persiguió buscando atribuirle errores u omisiones procedimentales tratando de manchar su trayectoria de vida, comportamiento institucional que perjudica a quienes al no tener “padrinos” o no sobornar a funcionarios o auditores, han sido perseguidos en una reprochable injusticia, como lo ha comentado en Diario EXPRESO con frontalidad e indignación el Dr. Luis Sarrazín, exministro de Salud.

En el cúmulo de testimonios rendidos en la Comisión de Fiscalización legislativa se destaca el de la ocasional contralora, doctora Valentina Zárate, que advirtió claramente que no es cuestión de nombrar un nuevo contralor, es una institución que requiere un profundo cambio. Ojalá de este juicio nazca la posibilidad de mejorar la gestión del organismo controlador, hacer un seguimiento al menos a todos los casos donde existen indicios de responsabilidad penal que no prescriben, y a partir de ello, recuperar el desbordado asalto a los fondos públicos, en casos escandalosos como refinerías, carreteras, hidroeléctricas, inversiones dolosas del IESS, negociados en la salud, edificaciones judiciales, preventa petrolera, y un largo etcétera. Si no se combate la impunidad es imposible construir un mejor país.

Mi aplauso solidario a su lucha contra la corrupción del Asambleísta Fernando Villavicencio.