Medardo Mora Solórzano | Conflictividad política, constitucional y social
Surge la inquietud de si existe un plan previo de una mejor Constitución, con un modelo de democracia
El Ecuador está envuelto en una conflictividad política, constitucional y social: una Asamblea legislativa polarizada, una controversia política-jurídica entre el presidente y la Corte Constitucional, a lo que se suma un cuestionamiento de organizaciones sociales e indígenas a la eliminación del subsidio al diésel.
Esa conflictividad olvida que el país sufre altos niveles de corrupción, inseguridad, pobreza, desempleo. Se ha propuesto reunir una Asamblea Constituyente, entendida como espacio de diálogo amplio que posibilite en una nueva Constitución renovar o actualizar un pacto social entre los ecuatorianos, para lo cual es indispensable, como sucedió en 1945, después de la revolución de mayo, incorporar representantes funcionales de la sociedad civil.
Surge la inquietud de si existe un plan previo de una mejor Constitución, con un modelo de democracia que mejore la convivencia entre ecuatorianos y sus condiciones de vida, o es una propuesta para promover el eslogan del ‘nuevo Ecuador’. Los ecuatorianos esperan que se privilegien los intereses nacionales que creen mayores niveles de bienestar compartido.
Hay que tener claro que una democracia no se agota en un proceso electoral, se fortalece respetando la división de poderes, la libertad de expresión y con acciones concretas ante las necesidades de la población.
El Consejo Nacional Electoral estuvo acertado en la lectura de la actual situación política; su pedido de celeridad a la Corte Constitucional sobre la solicitud presidencial de convocar una Constituyente, unida a declarar el inicio del evento electoral y adquirir competencias especiales, destrabó la actitud de la Corte, a la cual le compete revisar si la propuesta cumple los requisitos y no viola ninguna norma constitucional. La ciudadanía se pronunciará acerca de si desea o no la Constituyente.
Queda como lección que los Poderes del Estado deben obrar dentro de sus atribuciones legales; excederse genera conflictos y debilita la democracia. Tampoco los gobernados pueden realizar protestas o reclamos fuera de los límites legales, y mucho menos paralizar actividades y servicios públicos.