Medardo Mora Solórzano | Abuso del poder
Si algo debe caracterizar a un gobierno democrático es el respeto a la institucionalidad y a las leyes
Si algo es inaceptable en una persona es el abuso, del grande al chico, del fuerte al débil, del que tiene dinero al que no tiene, del que tiene poder al que no lo tiene. Es en síntesis, el aprovechamiento indebido que uno realiza en perjuicio de otro u otros, fracturando un elemento ineludible de una convivencia civilizada: el respeto, sin el cual se incuba la posibilidad de una confrontación que terminará por afectar la paz social.
Para evitar abusos de uno en perjuicio de otros, existen leyes, instituciones, autoridades, que son las llamadas a establecer el orden, dirimir controversias, lo cual demanda de quien decide: imparcialidad, ética, sensatez, no ejercer presiones, ni poner obstáculos. Si algo afecta la confianza en un régimen de derecho es el irrespeto que una institución o una autoridad realiza abusando de su poder o cargo.
He leído la información que emiten los Diarios EXPRESO y EXTRA observando el abuso que se está haciendo contra su empresa editora GRANASA, lo cual es reprochable. Si algo debe caracterizar a un gobierno democrático es el respeto a la institucionalidad y a las leyes, y ser tolerante con la libertad de expresión, cimiento fundamental de la democracia.
Al margen de que la libertad de expresión está garantizada por convenios internacionales de los que el Ecuador es signatario como Estado y de una amplia normativa internacional, en el caso particular de GRANASA hay una evidente intromisión en asuntos privados, que vulnera el derecho de propiedad. Como lo ha expuesto el Dr. Eduardo Carmigniani en representación de la empresa, los traspasos de acciones se legalizan con el registro en el libro de acciones y accionistas de la compañía, y ese registro no puede ser desconocido por ningún organismo ni autoridad del sector público. Por ello sorprende que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional haya iniciado, sin tener competencia para ello, una indagación que no le corresponde, lo que delata el deseo del Gobierno nacional de presionar la labor periodística de los diarios EXPRESO y EXTRA, perjudicando a la ciudadanía en su derecho a la información.