Medardo Mora: Estado central y gobiernos seccionales

Con la propuesta de una reforma legal que regule los gastos de gobiernos seccionales, se ha reactivado la antigua controversia sobre la administración territorial del poder. Ya el 10 de Agosto de 1809 en el llamado Primer Grito de la Independencia, Quito planteó tener autonomía administrativa del reino de España. Con la Independencia de Guayaquil del 9 de Octubre de 1820 se planteó la tesis de un Estado independiente y federal, y dio nacimiento al Ecuador como Estado independiente y soberano.

Entre los años 1999 y 2000, cinco provincias votaron con alta mayoría para que se instaure en el país un régimen de autonomías provinciales o de mancomunidad de provincias, lo cual fue aprobado por el Congreso Nacional; pero no se hizo la consulta nacional para establecer ese tipo de régimen en el país. Lo que sí se expidió fue una ley que asignó un porcentaje del presupuesto del Estado a los gobiernos seccionales, como en efecto se reconoce constitucionalmente.

En esa disputa por el manejo del poder, la actual Constitución establece un supuesto “Estado Central”, lo cual es un absurdo. El Estado ecuatoriano es uno solo y está constituido por 24 provincias y 221 cantones en su territorio. Por esa equivocada tesis se acumulan competencias en el llamado Estado Central, al que se le confiere incluso facultades para delegar ciertas competencias a los gobiernos seccionales, lo cual posibilita darle a unos gobiernos seccionales competencias y a otros no.

Luce bien que se obligue a los gobiernos seccionales a que inviertan el 70 % de sus ingresos en obras y servicios en beneficio de sus habitantes, pero el que propone esa normativa es el Gobierno nacional, que tiene un desproporcionado gasto corriente y una casi nula inversión pública. Para los ciudadanos lo único real es que tanto el Gobierno nacional como los seccionales gastan en función de futuros clientes electorales e imponen tributos a la población para sanear su presupuesto, mientras que las necesidades de la población se siguen postergando.

Lo que debería normalizarse es la transferencia de recursos que pertenecen a los gobiernos seccionales.