Hasta este mes de septiembre la banca privada registró un total de 1’665.758 operaciones diferidas. Por su parte, la banca pública de desarrollo logró diferir 140.083 operaciones crediticias.

En tal virtud, la Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera establece un nuevo plazo para que los bancos registren las cuentas vencidas; no es un nuevo diferimiento, es un tiempo que se otorga para tomar nota, registrar el estado del crédito que, como sabemos, imprime la morosidad -o no- de los clientes bancarios.

Cabe anotar que la citada resolución de la Junta establece una nueva tabla de provisiones con el fin de resguardar el dinero de los depositantes.

La superintendenta de Bancos, siguiendo las mejores prácticas de supervisión bancaria, y frente a la inexistencia de un fondo de apoyo de las Mipymess, propuesto y sugerido se creara por la Dra. Ruth Arregui desde marzo del presente año, fue quien presentó a la Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera una propuesta de “medidas temporales de segunda fase” para contribuir a afrontar la salida de la crisis extendiendo: (i) la transferencia de la cartera a cuentas vencidas a los 61 días hasta el 30 de junio de 2021; y (ii) modificando de forma temporal los porcentajes de provisiones y los días de morosidad para atenuar el riesgo de crédito generado por el confinamiento producto de la pandemia COVID-19”.

Asimismo, teniendo en cuenta que por lo menos serán cinco años los que deberán pasar para dejar de sentir las repercusiones financieras de la pandemia, se trabaja por la creación de un fondo para reactivar grandes industrias, medianos negocios y hogares, para que regresen de manera permanente y eficiente a sus actividades productivas.

Desde marzo, como lo recordamos aquí, la Superintendencia de Bancos propone la creación de fondos serios y eficaces para proteger depósitos y provocar una reactivación sostenida.

Ojalá se produzcan acuerdos para realizarlo. Hay momentos para hacer política y momentos para que trabajen los técnicos.