La madrugada de ayer la Policía Nacional allanó la casa de Abdalá Bucaram Ortiz, quien se encontraba junto a su esposa. La Policía llegó hasta su habitación e ingresaron a ella varios agentes y le pidieron de favor que se levante, se vista y salga. Minutos más tarde la ministra de Gobierno, María Paula Romo, declaró que la detención habría sido dispuesta por los jueces competentes y que por orden de la Fiscalía General del Estado, Bucaram iba a ser trasladado a Quito. Todo este proceso de allanamiento fue exhibido por varios medios de comunicación, violando los derechos humanos a vista y paciencia de las autoridades.

¿Por qué importa el tema de los derechos humanos? En primer lugar, porque ya nadie puede discutir que la titularidad de aquellos pertenece a todos y, en segundo lugar, porque su eventual violación puede ser castigada con sanciones procesales que limitarían la posibilidad de enjuiciar a delincuentes -incluso criminales de alta peligrosidad- y castigarlos.

El 8 de agosto amaneció sin vida el ciudadano israelí Shy Dahan, quien se encontraba detenido en una celda ubicada en el pabellón conocido como el Consular, celda que la compartía con otro israelí, Oren Sheinman, y junto a quien fuera detenido por portar documentación adulterada, haciéndose pasar por agentes de la DEA y por cargar sumas de dinero que, según sus propias versiones, provenían de compras de insumos médicos con Jacobo Bucaram, quien es investigado al igual que sus familiares por negocios ilegales de medicinas. Sheinman ha declarado haber recibido amenazas.

Los últimos escándalos de corrupción han girado alrededor de negocios ilegales en la Salud Pública. La pandemia desnudó los niveles de corrupción. La corrupción en la salud no nació con este gobierno, es podrida y antigua, pero cada gobierno la permite, la deja actuar, la deja pasar. Cada gobierno reparte la llave para entrar en la impunidad.

¿Quién repartió los hospitales en este gobierno? Esa respuesta sigue siendo la gran deuda que tiene este gobierno con el país.