Es la fecha de nuestras próximas elecciones, convocadas en medio de una pandemia general que a nadie deja dormir y por un Tribunal Electoral al cual muy pocos le creen y que nadie sabe si existe o no legalmente, al haber 4 de sus 5 miembros sido destituidos. Hubiera sido mejor, debido al alto riesgo que representa concurrir masivamente a las urnas, que las elecciones se hubiesen pospuesto, mientras se dilucidan los enredos legales del CNE, se subsanan los errores e incumplimientos y se nos devuelve la confianza en este accidentado proceso electoral.

Nunca antes hubo tantas dudas del proceso en sí mismo, como en la legalidad de todo lo actuado. El haber dejado fuera a un importante candidato, que goza de amplias simpatías del electorado, mientras se nos pide escoger entre otros 16, que salvo honrosas excepciones han demostrado muy poca preparación y significación para optar por tan importante designación, solo aumenta nuestra desconfianza y desinterés por esta elección. Incluso, han aceptado como candidatos a personas que han cometido graves delitos de corrupción y están bajo sospecha y debidamente encausados.

El pueblo ecuatoriano confía muy poco en las autoridades electorales, los partidos y los candidatos que se le presentan. Nunca antes los electores habían estado tan confundidos como lo están hoy; un elevado porcentaje, sea por apatía, desconfianza o desconocimiento, se muestra indeciso de cómo votar. Además, que nos obliguen a votar en plancha por una sola lista es antidemocrático y solo favorece a quienes se aferran a permanecer indefinidamente en sus funciones.

El método de computar los votos y con el cual se asignarán los escaños, el método vigente de D’Hondt, aumenta nuestra decepción y desconfianza en los próximos comicios. Con ese sistema solo se favorece a los partidos más votados, a los que monopolizan siempre los resultados electorales, dejando muy poca oportunidad a las minorías y partidos de menor votación, lo cual convierte en más injusto este proceso electoral.

En definitiva, estamos ante una encrucijada, un proceso muy incierto dirigido por autoridades en entredicho, que se han mostrado parcializadas desde su designación. Mucho más, cuando en teoría han sido destituidas por desacato a una orden judicial. No hay en quién creer, ni en las autoridades y menos en los candidatos propuestos, que son un grupo de gente improvisada o desconocida; parecería que algunos participan solo por figuración y otros por recibir parte de los millones que le cuesta al pueblo ecuatoriano esta elección.

Esta convocatoria debería convertirse en una especie de elecciones primarias y que solo tengan derecho a pasar a la siguiente ronda los candidatos con mayor votación. Los asambleístas deberían tener una mínima representación y obtener reembolso de sus gastos solo aquellos que califiquen o logren ser elegidos para su función.

Mi voto es por el único que ha demostrado capacidad para gobernar y cómo defender la dolarización, pero reitero mi recomendación de diferir las elecciones, dado que no se presentan las debidas condiciones sanitarias para obligarnos a concurrir a las urnas. Deberían exonerar de multas a quienes decidan no ir a votar, solo evitan contagiarse y no morir.