Luis Villacrés Smith | Apagones
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Hacen falta cambios sustanciales en las leyes y reglamentos, la participación de los gremios y colegios de profesionales
Están suspendidos, pero la emergencia no se ha superado aún. Estaban previstos, la oferta de energía eléctrica del país no ha aumentado, solo se ha agravado con el aumento de demanda y los estiajes desde el 2023. Las nuevas leyes de los últimos gobiernos no han generado cambios efectivos, dado que faltan las inversiones necesarias de largo plazo.
Siempre estuvo proyectado, desde una década atrás, que habría un déficit de oferta de generación eléctrica a partir del año 2022, que se agravaba en 2023, lo que fue solucionado en parte por las importaciones de energía eléctrica desde Colombia. Pero cada vez que se encuentran soluciones temporales se contentan con ellas y se olvidan de continuar con las medidas definitivas y permanentes.
La Central de Termogas Machala debería estar produciendo 300 megavatios, produce apenas 70; Toachi Pilatón debía aportar 255 megas adicionales en el 2015, sigue paralizada y envuelta en un complejo litigio legal; el bloque de energías renovables de 500 Mw de El Aromo y Villonaco II y III es un nuevo fracaso; el otro proyecto de 400 Mw de ciclo combinado a construirse en 2023 en el terminal de gas de Puerto Monteverde, finalmente no se dio el concurso.
Tampoco se dieron los programas de reparación del parque generador termoeléctrico, solo en Guayaquil existe un potencial de generar 700 Mw. Se viene anunciando un programa integral desde el gobierno de Lasso; no se lo hace ni se lo hará, porque no existe voluntad ni capacidad u organización para hacerlo.
Una vez más, el sector público ha demostrado que es un pésimo administrador y peor ejecutor de sus propios proyectos; ha fracasado en el sector energético, igual que en el campo petrolero, telefónico, de aviación y de transportes. El chauvinismo de no permitir que la empresa privada participe y pueda invertir en generación, en proyectos hidroeléctricos privados, nos ha llevado a un evidente y total fracaso.
Hacen falta cambios sustanciales en las leyes y reglamentos, la participación de los gremios y colegios de profesionales, abrir la participación a la inversión privada, hacer competitiva la generación, distribución y el sector eléctrico en general.