En la política cómo en los negocios el que tiene información antes de que sucedan las cosas se beneficia. Mira la bolsa de valores, o los políticos que les “notifican” que se escapen antes de que emitan la boleta de captura, el cerrar la compra de un bien antes de que entre en subasta.

Tantas cosas que “suceden antes de que pasen”, es la historia de nuestro país y del mundo, donde salen los famosos hombres y mujeres de negocios que entre el lobbying, la coima, la estafa, el cohecho, el testaferrismo, es decir, los actos ilícitos, terminan siendo parte del negocio.

La aprobación del proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio es indispensable, pero los bienes o capital deberían ser administrados y subastados por una empresa privada y no gubernamental.

Sabemos que la forma adicional de combatir la corrupción de cuello blanco, es aplicando esta ley, pero tenemos el histórico del mal manejo de los bienes que fueron incautados por la AGD, después Inmobiliar y ahora la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del sector público.

Estos entes no lograron resultados. La venta de los inmuebles por debajo de su valor real, adecuaciones innecesarias en edificios que fueron confiscados dejando algunos abandonados, sin mantenimiento y totalmente improductivos.

Es preocupante una ley donde los mismos asambleístas quieren aprobarla pero “de comiso sin condena”. Setenta asambleístas desaprobaron la ley de extinción, pero ciento veinte asambleístas aprueban una ley donde no hay condena.

El Gobierno ha sido un pésimo administrador en los últimos 20 años y más, donde la Navidad se ha celebrado todo el año. La ley de extinción de dominio debe ser aprobada, no a medida de los asambleístas, sino de los corruptos, que corresponde pagar su delito con prisión, confiscación de sus bienes y resarcir económicamente al Estado, logrando a corto plazo la recuperación de lo robado.