Juan Carlos Holguín | Los municipios y prefecturas pasan de agache
Fernando Villavicencio alertó sobre la vinculación del narcotráfico en la obra municipal
En el año 2021, mientras el gobierno del Ecuador recién terminaba de vacunar contra el COVID a la mayoría de sus ciudadanos, algunos gobiernos locales gastaban en proyectos que parecían una broma.
Por ejemplo, la Alcaldía de Guayaquil de ese entonces ejecutó un proyecto para dotar de servicios de ‘aromaterapia’ en la ciudad. El monto de estas “terapias integrativas” era de más de doscientos treinta mil dólares y se lo habían entregado de forma directa a un proveedor.
La terapia de velas se sumaba a un show de drones realizado pocos días antes por el que se pagó cuatro mil dólares el minuto. También en el mismo año, Diario EXPRESO hizo una nota sobre los contratos de “arte urbano”, en los que gastaron más de cinco millones de dólares, incluido un proyecto de poesía urbana a través del cual se pagó dieciocho mil dólares por un poema pintado en la pared.
Y si esto sucedía en las ciudades grandes, ¿qué pasaba en otros cantones del país? Manta, por ejemplo llenó los titulares en 2022 cuando Fernando Villavicencio alertó sobre la vinculación del narcotráfico en la obra municipal. Un ejemplo: para la construcción de vías en las parroquias urbanas de Manta, el alcalde Agustín Intriago había adjudicado la obra a un consorcio conformado por dos compañías relacionadas con el Cartel de Cali y con Leandro Norero.
Parte del problema estructural de nuestro país es que los municipios y prefecturas ‘pasan de agache’. Si no es por algunos periodistas locales y activistas ciudadanos que han logrado alzar la voz en redes sociales, no nos enteraríamos por ejemplo de que en Santa Elena existió el caso Bellitec, con el que el Municipio de Santa Elena vendió setecientas cuarenta y cinco hectáreas a una empresa privada, con un precio que da risa.
Por eso es una buena noticia el que la Asamblea debata un proyecto de Ley para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, con la que se busca asegurar que los municipios, prefecturas y juntas parroquiales gasten bien.
La organización Cordes asegura que muchos de los gastos de los gobiernos locales que se registran como ‘inversión’ son en realidad gasto corriente. Un ejemplo: las alcaldías registran el servicio de recolección de basura o los gastos en publicidad “como gastos de inversión”. Mientras el Gobierno central de turno tiene sus presupuestos y gastos bajo el radar público, es muy poco lo que se hace para que los alcaldes y prefectos asuman responsabilidades concretas.
Que no pueden tapar huecos porque no les dan asfalto; que no son responsables de la seguridad de sus habitantes porque no es su competencia; que no pueden hacer obras, porque están atrasadas las transferencias. ¡Pero para hacer un concierto de carnaval son unos genios!
Es hora de que los alcaldes y prefectos asuman responsabilidades ante sus ciudadanos. Si se hubiese trabajado en un nuevo modelo de organización territorial, una visión de mayor autonomía era determinante. En el caso de Quito y Guayaquil hay que ir hacia los estatutos autonómicos. Solo así habrán mejores días para el país y sus ciudades.