Varios analistas aseguran que “Ecuador es un Estado fallido”. Y por supuesto que el deterioro de la seguridad en los últimos años, la corrupción enraizada en la sociedad o el debilitamiento deliberado de las instituciones pueden llevarnos a pensar que nos encontramos en esa situación.

Pero nuestro país tiene aún instituciones y funcionarios que protegen al Estado en medio de la difícil coyuntura. La Fiscalía y su fiscal son una muestra de aquello. En la Corte Constitucional hay también jueces honestos y preparados. Pasa lo mismo con la Corte Nacional de Justicia. Las Fuerzas Armadas han demostrado que son una reserva institucional del país. Experimenté lo mismo con un Ministerio de Relaciones Exteriores conformado en su mayoría por diplomáticos de carrera decentes y extraordinarios.

Más allá de falencias que tiene nuestra democracia, el Ecuador no ha dejado de tener elecciones libres en los últimos años. La misma democracia ha sido el mejor antídoto contra las dictaduras o los gobiernos autoritarios que intentaron, a través de un modelo de democracia delegativa, como lo llamó el politólogo argentino O’Donnell, burlar el sistema de control institucional.

Haití es el símbolo de un Estado fallido. En mi última participación como canciller de la República durante la Cumbre Iberoamericana en República Dominicana en marzo de 2023, el presidente dominicano Abinader hizo notar a sus colegas, que para ese momento no existía ninguna autoridad electa en Haití, pues no se habían celebrado elecciones parlamentarias ni generales desde 2019, y todos sus mandatos anteriores se habían agotado.

Casi en su totalidad, Haití estaba en manos de miembros de organizaciones narcodelictivas, salvo la figura de Ariel Henry, cuyo nombramiento como primer ministro nunca se concretó, pues dos días después de su designación en julio de 2021, el presidente Moïse fue asesinado por mercenarios colombianos. De todas formas la comunidad internacional reconoció su legitimidad.

Estamos ante un problema regional. Lo que sucede en Haití no podemos verlo como un fenómeno aislado. Es el reflejo de lo que sucedería si la poca institucionalidad que tenemos cede el control ante los grupos narcodelictivos que operan en nuestros países.

Hace pocos días miembros de carteles liberaron cerca de 3.500 delincuentes de una de las pocas cárceles de Puerto Príncipe para dar un golpe de gracia al poder del presidente interino, Ariel Henry, con lo que los grupos narcocriminales tendrían el poder total.

La comunidad internacional debe implementar inmediatamente la resolución presentada en octubre pasado por Ecuador y Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y aprobada por 13 de los 15 miembros (excepto Rusia y China), en la que se autoriza el despliegue de una misión multinacional en Haití, que podría hacer uso de la fuerza una vez agotadas todas las medidas para mantener la paz y seguridad internacionales.

Si Haití no tiene una intervención inmediata, el triunfo de las narcoestructuras en ese país tendrá un impacto en la región. Los grupos criminales operan de forma multinacional y Haití sería un primer territorio en la región controlado completamente por fuerzas irregulares.