Los electores hemos hecho malabares para superar la pandemia. Incurrimos en gastos médicos para superar el COVID y en préstamos para salvar negocios y continuar nuestras vidas durante dos años de lucro cesante. En ese camino, atestado de restricciones del COE nacional, hay que reiterar la felicitación al Gobierno Nacional por ejecutar un plan de vacunación eficaz que nos permitió retomar las actividades económicas.

En el escenario pospandemia, el único proyecto que la ciudadanía quería que la Asamblea Nacional niegue era el de Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, cuyo fundamento es mantener a un gobierno inmenso en relación con el PIB. Esa ley castiga nuevamente a la clase media que se esfuerza diariamente para prosperar legítimamente y que no tiene por dónde recortar su presupuesto destinado a pagar educación privada, viviendas hipotecadas, seguridad, seguro de salud privado y otros servicios que el Estado debería proveer en contraprestación al pago de los impuestos que incrementó.

Espero que la gestión del Gobierno sea exitosa. Le conviene al Ecuador a largo plazo. A corto plazo es importante mejorar la calidad de vida de la clase baja y media. Eso lo puede resolver el Gobierno sin depender de la Asamblea Nacional. Por ejemplo: podría continuar reduciendo el ISD, el ICE y los aranceles para que el consumidor pueda comprar productos más económicos y abaratar la producción nacional. También se podrían destinar recursos económicos con mayor urgencia para que la Aduana pueda repotenciar su sistema informático Ecuapass para permitir que haya más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Estas acciones crearían nuevos empleos sostenibles y la satisfacción de las necesidades apremiantes de quienes están pensando que antes estaban mejor.

Es un error convertir a los electores en malabaristas para continuar salvaguardando las finanzas públicas con una estrategia impositiva que no incentiva la economía y mantiene barreras comerciales en beneficio de pocos.