En mayo de 2020 Sebastián Piñera realizó anticipos de pagos a las farmacéuticas por compras de vacunas contra el COVID que aún no habían sido inventadas. Resultado: Chile ostenta el primer lugar del ‘ranking’ mundial de dosis administradas por cada 100 habitantes. Un ejemplo de gestión y capacidad de reacción.

Esa eficacia es posible porque Chile había invertido en centros de salud de atención primaria que podían diagnosticar y atender a pacientes con síntomas de menor gravedad y referir a los enfermos graves a los hospitales públicos. También porque mantiene excelentes relaciones internacionales.

En esa misma fecha, Ecuador luchaba por importar respiradores, insumos médicos y equipos de protección para el personal de primera línea. La pandemia puso al descubierto problemas estructurales, que van desde la falta de equipamiento básico hasta la corrupción que campea en las compras públicas de la red de salud pública y la seguridad social. Para solucionar estos defectos, el sector privado tuvo que intervenir, mientras el Gobierno se dedicaba a encontrar mil y una formas de promulgar nuevos impuestos para gravar más a contribuyentes que no podíamos trabajar, y todavía no nos reactivamos por completo por la falta de vacunación.

Lo interesante del caso chileno es que no veo a los manifestantes de octubre de 2019 y marzo de 2020 agradeciendo el éxito de su gobierno en la vacunación y con eso, lograr la salud de su población. Tal vez no lo han notado.

Mientras tanto, los países de la ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) continuamos sin vacunar a la mayoría de nuestra población y en la poca distribución ejecutada se nota que no existe un programa de vacunación pública organizado.

Esas son las diferencias entre los modelos que ofrece la región. Quienes administran un gobierno deben tener visión clara. Analizar el presente para anticiparse al futuro. Hablar menos y hacer más.